Piratería 2.0: pánico en las salas
Por Juan SARDÁ
Final de año decisivo para las descargas ilegales. Los sectores, en pie de guerra
Sí, un panorama desolador: las ventas de DVD se hunden, las salas se vacían, cierran los videoclubs y los derechos de televisión empiezan a ser papel mojado. El cine español tiene otro problema, las descargas ilegales, que se reinventan cada día a través de nuevas formas dentro de lo que podría llamarse la Piratería 2.0. Este mes de diciembre es decisivo. La comisión interministerial ha propuesto al gobierno bloquear las 'web' que faciliten las descargas piratas a través de la llamada Comisión de Propiedad Intelectual, iniciativa incluida parcialmente en la Ley de Economía Sostenible. La iniciativa ha provocado un nuevo quebradero de cabeza a Zapatero, que niega que se vaya a cerrar ninguna web. Además, el 18, la Unión Europa lanzará el llamado 'Paquete Telecom' en el que avalará la ley francesa de los tres avisos y EEUU ultima el acuerdo ACTA por el que pasaría a responsabilizar a las operadoras. Internet ya está en alerta. Los sectores afectados, en pie de guerra.
En España, es más fácil ver (o poseer, hay quien las acumula a centenares) una película gratis que pagando y, desde luego, a nadie le gusta rascarse el bolsillo. La web está inundada de páginas desde las que cualquiera con una conexión ADSL puede “bajarse” sin problemas películas recientes. Basta con poner el nombre del filme en cuestión en Google, ir a una página de enlaces o que permita visualizarlas en formato streaming y hacer doble click con el ratón. Incluso es posible escoger entre una versión doblada o subtitulada. Si se opta por una película en cartel lo más probable es que se acabe descargando una de esas pésimas grabaciones realizadas desde las butacas, pero ahí está, al alcance de todos por el módico precio de cero y, de momento, sin temor alguno de que la justicia lo persiga. Incluso las gestoras de derechos españolas han renunciado a apuntar al usuario individual para centrar su batalla en los administradores de tales portales, cuyo negocio es redondo. La realidad es que hace mucho tiempo que el “simple” intercambio de archivos, inicio del problema, es historia. Porque la piratería por Internet avanza a un ritmo imparable adoptando fórmulas cada vez más sofisticadas e indetectables ante el entusiasmo de una población que quiere seguir sin pagar, y unos esfuerzos que en nuestro país tendrán su momento clave el próximo 10 de diciembre, cuando la Comisión Interministerial encargada del asunto llegue a unas conclusiones que serán elevadas al Consejo de Ministros antes del 31 de diciembre. No cabe descartar nuevos retrasos ante la impopularidad de medidas contundentes. Mientras, las instancias internacionales también presen- tan un nivel de actividad insólito. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos preparan nuevas medidas, centradas en lo represivo y que, además, muy pronto pueden quedar obsoletas si no han quedado ya.
Otros factores, como el conflicto entre el magnate Ruport Murdoch y Google, o la decisión del The Times de cobrar por sus contenidos parecen avanzar un nuevo escenario que ponga fin a la cultura de lo gratis, aunque deberán enfrentarse a un complejo panorama legal además de a la imprevisibilidad de ese monstruo incontrolable llamado Internet.
Cifras desoladoras
Todo comenzó hace ya diez años con la aparición de Napster, el primer intercambiador de archivos musicales. Aunque un juez de Estados Unidos cerró el negocio dos años después, el nuevo modelo de consumo cultural basado en la gratuidad se expandió como la pólvora en una sociedad que percibía que las discográficas habían acumulado fortunas a costa de precios abusivos. Los propios artistas llevaban años denunciando contratos leoninos, lo que redundó en su claro desprestigio. Según Eva, del popular grupo Amaral,“la piratería ha terminado con la arrogancia de las multinacionales”. Las consecuencias han sido demoledoras para la industria musical. Desde 2001 hasta el primer semestre de 2009, las ventas de discos han caído un 56%. En 2003, el sector facturaba 450 millones; en 2008, 280. Durante años, la debacle de la música afectó en menor medida al cine, porque descargarse una canción requiere una tecnología más sencilla. Pero en cuanto las operadoras comenzaron a comerciar servidores de banda ancha, el cáncer llegó al cine.
Las cifras ofrecen una paradoja: nunca se ha visto tanto cine, lo que es buena noticia, pero nunca se ha pagado tan poco. Según la Coalición de Creadores, lobby de presión que aglutina a la industria audiovisual y musical, en 2008 se descargaron más de 350 millones de películas. En este 2009, prevén que la cifra haya aumentado. Las ventas de DVD han bajado un 50% desde 2005 a 2008 y en los últimos cinco años el número de videoclubes ha pasado de 12.000 a 3.000. Además, entre 2003 y 2008, los cines han perdido 36 millones de espectadores, un 25%. Este 2009 está siendo más benigno ya que durante el primer semestre la asistencia ha crecido un 7,9%, gracias en gran parte al éxito del 3D, una tecnología imposible de piratear, pero la sensación de alarma en el sector audiovisual hace tiempo que alcanzó el estado de pánico. Y mientras las cifras cantan, la percepción es que el Gobierno no ha hecho nada para superar un confuso panorama legal que en teoría condena la piratería, amparándose en las ya prehistóricas leyes de propiedad intelectual, pero que ni jueces ni fiscales han instado a su aplicación por Internet salvo, quizá, en el cristalino caso del top manta, que hoy es residual.
Descarga rápida y legal
José María Morales, presidente de la productora y distribuidora Wanda y director de Cameo, plataforma de cine independiente en DVD, resume el sentir del sector: “Urge que haya un debate en profundidad en la sociedad. Los daños económicos y morales han sido incalculables. Hay mucha gente que vive del sector audiovisual, no sólo los actores famosos. Nosotros estamos intentando comprender a los usuarios y ellos deberían hacer un esfuerzo por comprendernos a nosotros”.
Esa comprensión de Morales ha pasado por la puesta en marcha del portal Filmin.es, en el que es posible descargar películas de forma cien por cien legal, rápida y segura por dos y tres euros. EGEDA, la asociación de productores, acaba de poner en marcha un portal parecido, Filmotech.com. Y acaba de nacer el videoclub de elmundo.es, una iniciativa con visos de obtener un gran éxito ya que cuenta como gran ventaja sus más de 25 millones de lectores. Por su parte, Agustín Almodóvar, de El Deseo, cree que no sólo hay que poner el acento en el apartado monetario, que también, sino sobre todo en ese aspecto moral: “En España los artistas son los titulares de los derechos de sus creaciones y están legitimados para tener el control sobre cómo se difunden. Para nosotros es un drama que después de todo el esfuerzo que metemos en ofrecer un producto de una calidad impecable la gente lo consuma de una forma lamentable. El daño es infinito y descomunal”, concluye de forma dramática.
País de chorizos
Aunque la piratería es un problema internacional, a nadie se le escapa que España es uno de los países líderes en este apartado, como ha denunciado el gobierno de Estados Unidos (ver recuadro) y demuestran las cifras. ¿Por qué España y no Alemania, Holanda o ya no digamos Francia e Inglaterra? Gerardo Herrero, productor de Tornasol y director de cine, hombre clave en el cine español, lo tiene claro: “Este es un país de chorizos. Recuerdo un día en el que fui a comprar el periódico y el quiosquero se estaba bajando una película. Le dije que yo tampoco pensaba pagarle la prensa. La gente no entiende que está exactamente igual de mal robar en El Corte Inglés que descargarse sin permiso una obra audiovisual protegida”. A la bajada de asistencia a las salas, de ventas en DVD y al cierre de los videoclubes, Herrero añade otro daño colateral: “Los derechos para televisión, un pilar fundamental, también han perdido mucho valor. Y ya no hablo del perjuicio causado a la televisión de pago”. A la falta de una legislación clara, se uniría una “falta de educación cívica”. La realidad es que una encuesta del CIS realizada en marzo de 2007, arrojaba como resultado que un 80% de los que tienen entre 16 y 24 años se bajan de forma regular contenidos sin pagar y que para un 60% del total la piratería no es tal sino que está justificada. Un mismo porcentaje acusaba a la industria cultural de poner precios demasiado caros.
La industria audiovisual ha seguido una estrategia menos ruidosa que la SGAE. Mientras la entidad dirigida por Teddy Bautista ha alcanzado un alto nivel de notoriedad con políticas agresivas como la imposición de un canon a los cedés vírgenes, la asociación de productores audiovisuales, EGEDA, ha optado, como explica Herrero, “por defender sus intereses de forma más discreta, muchas veces quizá obteniendo mejores resultados. Yo prefiero esta forma de actuar”. De momento, esa estrategia de los productores pasa por esquivar el enfrentamiento con el Gobierno y evitar la censura a los usuarios. En el aire queda una pregunta: ¿Ha sido la industria audiovisual demasiado blanda con el Gobierno debido a su dependencia de las subvenciones? Para todos los encuestados, tal supuesto parte de la imagen falsa, propagada por determinados medios, de que es un sector que sobrevive gracias a la caridad estatal.
“Paquete Telecom”
Pero no enfrentarse al Gobierno ni a los internautas no arregla el problema. Muchos abogan por buscar una salida internacional al asunto: “La piratería es un fenómeno global y así debe ser tratado”, afirma Morales, de Wanda. Las primeras iniciativas están en marcha. La Unión Europea acaba de lanzar el llamado “Paquete Telecom” que se oficializará el próximo 18 de diciembre, fecha a partir de la cual los Gobiernos tienen 18 meses para incorporarlo a sus legislaciones. Lo más notorio es que se bendice la famosa ley de los “tres avisos” de Francia e Inglaterra, por la que los usuarios perderían su conexión a Internet de forma automática, es decir, sin autorización judicial, a la tercera vez que se descarguen archivos protegidos por propiedad intelectual.
Y mientras Bruselas legisla, Estados Unidos prepara su propia ofensiva legal de forma discreta mediante el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), en cuya negociación participan 40 países. Se conocen pocos detalles, salvo uno crucial: el acuerdo pondría el acento en la responsabilidad de las operadoras, que deberán responder por las actividades delictivas de sus clientes.
Los “tres avisos”, y la Ley
A la espera de las conclusiones del ACTA, que continuará su ronda de negociaciones en México durante el próximo mes de enero, la aparente contundencia de la nueva normativa europea con su bendición de los “tres avisos” (que apoyan Almodóvar o Herrero) fue matizada hace pocos días en Barcelona por Viviane Reding. La Comisaria Europea para la Sociedad de la Información advirtió, paradójicamente, que el corte de Internet por “uso fraudulento” va “contra la normativa comunitaria” y que “la represión no va a detener la piratería en Internet pues puede provocar el efecto contrario”. Reding, además, puso en valor tres principios que concuerdan con la batalla que, por su parte, libra la combativa Asociación de Internautas española: “El respeto de los derechos de las personas, la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad”. La protección de tales derechos fundamentales acaba por hacer de este embrollo un asunto aún más peliagudo. Tanto que, como advierte el abogado Luis Sendino, especialista en estos conflictos y una de las firmas más reconocidas, “no hay ni una sola sentencia firme en España que llegue a una conclusión definitiva”. Sendino, miembro del despacho Suárez de la Dehesa, el más importante de España en materia audiovisual, opina que tal falta de claridad se debe, en parte, a la “falta de valentía de los jueces y del propio Gobierno”. Almodóvar lo achaca a un supuesto populismo de las sucesivas administraciones.
En el lado contrario se sitúa Víctor Domingo, presidente de la mencionada Asociación de Internautas. Tachado por la industria cultural como “el hombre del gratis total”, el activista, muy combativo, funda su argumentación, entre otras cosas, en la defensa de las “libertades civiles”, expresión insólita en castellano que utiliza según la definición inglesa de “derechos que protegen al ciudadano frente al Gobierno”. Según Domingo, la aplicación de los “tres avisos” en España vulneraría el derecho a la intimidad: “Es un atentado contra la libertad espiar lo que yo me intercambio por Internet con los demás”, resume. Domingo oscila entre un discurso contemporizador (dice que está de acuerdo con que no se compartan archivos de los artistas que “expresamente así lo manifiesten” y aboga por la creación de una lista con esos artistas) y la defensa de posiciones más duras que pasan por esgrimir la crisis económica como argumento para no frenar las descargas gratuitas. También pone el acento en una cuestión espinosa: la copia privada. La cuestión de la copia privada ha sido el escollo con el que se han encontrado los jueces. Dicho en plata, ¿dónde está la diferencia entre el intercambio tradicional entre dos amigos de un DVD y ese mismo intercambio por Internet? La ley, en el artículo 270 del Código Penal, sólo condena a quien “reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente” una obra con “ánimo de lucro”.
De esta manera, el intercambio P2P podría ser plenamente legal y, de hecho, Domingo dice censurar a quienes se benefician de las obras ajenas sin pagar derechos aunque después matice que su persecución vulneraría ese derecho a la privacidad, con lo cual no acaba de quedar clara su postura. Sendino le enmienda la plana por completo: “En toda la Unión Europea, y ello incluye a España, las descargas y los intercambios entre pares (p2p) de música, de películas de cine o de libros electrónicos no autorizadas por sus titulares (autores, productores y editores) son ilegales. Otra cosa es que sean ilícitos civiles o penales, pero de lo que no hay duda es que se trata de actos ilícitos”.
Un futuro borroso
Muchas de estas páginas con enlaces o que permiten ver directamente la obra audiovisual con streaming basan su fundamento legal precisamente en esa falta de “ánimo de lucro”. Sendino pone en duda esas buenas intenciones ya que esos portales (entre los que se cuentan sitios tan populares como RapidShare, SendIt o Series Yonkis) han encontrado formas sutiles de ganar dinero, desde las más obvias, como la publicidad: “La televisión también es gratis y a nadie se le escapa que es un negocio gigantesco”, argumenta el abogado, hasta la obligación de registrarse para acceder a los contenidos. Con esos perfiles de usuarios particulares esos portales harían negocio al vendérselos a compañías que acumulan bases de datos. Sea como sea, todo parece indicar que el próximo 10 de diciembre el debate sobre la piratería no terminará sino que iniciará un nueva etapa. Quizá tan turbulenta, o más, que la que deja atrás.
Articulo: http://www.elcultural.es 05/12/2009
Ilustracion: Abujel
Por Juan SARDÁ
Final de año decisivo para las descargas ilegales. Los sectores, en pie de guerra
Sí, un panorama desolador: las ventas de DVD se hunden, las salas se vacían, cierran los videoclubs y los derechos de televisión empiezan a ser papel mojado. El cine español tiene otro problema, las descargas ilegales, que se reinventan cada día a través de nuevas formas dentro de lo que podría llamarse la Piratería 2.0. Este mes de diciembre es decisivo. La comisión interministerial ha propuesto al gobierno bloquear las 'web' que faciliten las descargas piratas a través de la llamada Comisión de Propiedad Intelectual, iniciativa incluida parcialmente en la Ley de Economía Sostenible. La iniciativa ha provocado un nuevo quebradero de cabeza a Zapatero, que niega que se vaya a cerrar ninguna web. Además, el 18, la Unión Europa lanzará el llamado 'Paquete Telecom' en el que avalará la ley francesa de los tres avisos y EEUU ultima el acuerdo ACTA por el que pasaría a responsabilizar a las operadoras. Internet ya está en alerta. Los sectores afectados, en pie de guerra.
En España, es más fácil ver (o poseer, hay quien las acumula a centenares) una película gratis que pagando y, desde luego, a nadie le gusta rascarse el bolsillo. La web está inundada de páginas desde las que cualquiera con una conexión ADSL puede “bajarse” sin problemas películas recientes. Basta con poner el nombre del filme en cuestión en Google, ir a una página de enlaces o que permita visualizarlas en formato streaming y hacer doble click con el ratón. Incluso es posible escoger entre una versión doblada o subtitulada. Si se opta por una película en cartel lo más probable es que se acabe descargando una de esas pésimas grabaciones realizadas desde las butacas, pero ahí está, al alcance de todos por el módico precio de cero y, de momento, sin temor alguno de que la justicia lo persiga. Incluso las gestoras de derechos españolas han renunciado a apuntar al usuario individual para centrar su batalla en los administradores de tales portales, cuyo negocio es redondo. La realidad es que hace mucho tiempo que el “simple” intercambio de archivos, inicio del problema, es historia. Porque la piratería por Internet avanza a un ritmo imparable adoptando fórmulas cada vez más sofisticadas e indetectables ante el entusiasmo de una población que quiere seguir sin pagar, y unos esfuerzos que en nuestro país tendrán su momento clave el próximo 10 de diciembre, cuando la Comisión Interministerial encargada del asunto llegue a unas conclusiones que serán elevadas al Consejo de Ministros antes del 31 de diciembre. No cabe descartar nuevos retrasos ante la impopularidad de medidas contundentes. Mientras, las instancias internacionales también presen- tan un nivel de actividad insólito. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos preparan nuevas medidas, centradas en lo represivo y que, además, muy pronto pueden quedar obsoletas si no han quedado ya.
Otros factores, como el conflicto entre el magnate Ruport Murdoch y Google, o la decisión del The Times de cobrar por sus contenidos parecen avanzar un nuevo escenario que ponga fin a la cultura de lo gratis, aunque deberán enfrentarse a un complejo panorama legal además de a la imprevisibilidad de ese monstruo incontrolable llamado Internet.
Cifras desoladoras
Todo comenzó hace ya diez años con la aparición de Napster, el primer intercambiador de archivos musicales. Aunque un juez de Estados Unidos cerró el negocio dos años después, el nuevo modelo de consumo cultural basado en la gratuidad se expandió como la pólvora en una sociedad que percibía que las discográficas habían acumulado fortunas a costa de precios abusivos. Los propios artistas llevaban años denunciando contratos leoninos, lo que redundó en su claro desprestigio. Según Eva, del popular grupo Amaral,“la piratería ha terminado con la arrogancia de las multinacionales”. Las consecuencias han sido demoledoras para la industria musical. Desde 2001 hasta el primer semestre de 2009, las ventas de discos han caído un 56%. En 2003, el sector facturaba 450 millones; en 2008, 280. Durante años, la debacle de la música afectó en menor medida al cine, porque descargarse una canción requiere una tecnología más sencilla. Pero en cuanto las operadoras comenzaron a comerciar servidores de banda ancha, el cáncer llegó al cine.
Las cifras ofrecen una paradoja: nunca se ha visto tanto cine, lo que es buena noticia, pero nunca se ha pagado tan poco. Según la Coalición de Creadores, lobby de presión que aglutina a la industria audiovisual y musical, en 2008 se descargaron más de 350 millones de películas. En este 2009, prevén que la cifra haya aumentado. Las ventas de DVD han bajado un 50% desde 2005 a 2008 y en los últimos cinco años el número de videoclubes ha pasado de 12.000 a 3.000. Además, entre 2003 y 2008, los cines han perdido 36 millones de espectadores, un 25%. Este 2009 está siendo más benigno ya que durante el primer semestre la asistencia ha crecido un 7,9%, gracias en gran parte al éxito del 3D, una tecnología imposible de piratear, pero la sensación de alarma en el sector audiovisual hace tiempo que alcanzó el estado de pánico. Y mientras las cifras cantan, la percepción es que el Gobierno no ha hecho nada para superar un confuso panorama legal que en teoría condena la piratería, amparándose en las ya prehistóricas leyes de propiedad intelectual, pero que ni jueces ni fiscales han instado a su aplicación por Internet salvo, quizá, en el cristalino caso del top manta, que hoy es residual.
Descarga rápida y legal
José María Morales, presidente de la productora y distribuidora Wanda y director de Cameo, plataforma de cine independiente en DVD, resume el sentir del sector: “Urge que haya un debate en profundidad en la sociedad. Los daños económicos y morales han sido incalculables. Hay mucha gente que vive del sector audiovisual, no sólo los actores famosos. Nosotros estamos intentando comprender a los usuarios y ellos deberían hacer un esfuerzo por comprendernos a nosotros”.
Esa comprensión de Morales ha pasado por la puesta en marcha del portal Filmin.es, en el que es posible descargar películas de forma cien por cien legal, rápida y segura por dos y tres euros. EGEDA, la asociación de productores, acaba de poner en marcha un portal parecido, Filmotech.com. Y acaba de nacer el videoclub de elmundo.es, una iniciativa con visos de obtener un gran éxito ya que cuenta como gran ventaja sus más de 25 millones de lectores. Por su parte, Agustín Almodóvar, de El Deseo, cree que no sólo hay que poner el acento en el apartado monetario, que también, sino sobre todo en ese aspecto moral: “En España los artistas son los titulares de los derechos de sus creaciones y están legitimados para tener el control sobre cómo se difunden. Para nosotros es un drama que después de todo el esfuerzo que metemos en ofrecer un producto de una calidad impecable la gente lo consuma de una forma lamentable. El daño es infinito y descomunal”, concluye de forma dramática.
País de chorizos
Aunque la piratería es un problema internacional, a nadie se le escapa que España es uno de los países líderes en este apartado, como ha denunciado el gobierno de Estados Unidos (ver recuadro) y demuestran las cifras. ¿Por qué España y no Alemania, Holanda o ya no digamos Francia e Inglaterra? Gerardo Herrero, productor de Tornasol y director de cine, hombre clave en el cine español, lo tiene claro: “Este es un país de chorizos. Recuerdo un día en el que fui a comprar el periódico y el quiosquero se estaba bajando una película. Le dije que yo tampoco pensaba pagarle la prensa. La gente no entiende que está exactamente igual de mal robar en El Corte Inglés que descargarse sin permiso una obra audiovisual protegida”. A la bajada de asistencia a las salas, de ventas en DVD y al cierre de los videoclubes, Herrero añade otro daño colateral: “Los derechos para televisión, un pilar fundamental, también han perdido mucho valor. Y ya no hablo del perjuicio causado a la televisión de pago”. A la falta de una legislación clara, se uniría una “falta de educación cívica”. La realidad es que una encuesta del CIS realizada en marzo de 2007, arrojaba como resultado que un 80% de los que tienen entre 16 y 24 años se bajan de forma regular contenidos sin pagar y que para un 60% del total la piratería no es tal sino que está justificada. Un mismo porcentaje acusaba a la industria cultural de poner precios demasiado caros.
La industria audiovisual ha seguido una estrategia menos ruidosa que la SGAE. Mientras la entidad dirigida por Teddy Bautista ha alcanzado un alto nivel de notoriedad con políticas agresivas como la imposición de un canon a los cedés vírgenes, la asociación de productores audiovisuales, EGEDA, ha optado, como explica Herrero, “por defender sus intereses de forma más discreta, muchas veces quizá obteniendo mejores resultados. Yo prefiero esta forma de actuar”. De momento, esa estrategia de los productores pasa por esquivar el enfrentamiento con el Gobierno y evitar la censura a los usuarios. En el aire queda una pregunta: ¿Ha sido la industria audiovisual demasiado blanda con el Gobierno debido a su dependencia de las subvenciones? Para todos los encuestados, tal supuesto parte de la imagen falsa, propagada por determinados medios, de que es un sector que sobrevive gracias a la caridad estatal.
“Paquete Telecom”
Pero no enfrentarse al Gobierno ni a los internautas no arregla el problema. Muchos abogan por buscar una salida internacional al asunto: “La piratería es un fenómeno global y así debe ser tratado”, afirma Morales, de Wanda. Las primeras iniciativas están en marcha. La Unión Europea acaba de lanzar el llamado “Paquete Telecom” que se oficializará el próximo 18 de diciembre, fecha a partir de la cual los Gobiernos tienen 18 meses para incorporarlo a sus legislaciones. Lo más notorio es que se bendice la famosa ley de los “tres avisos” de Francia e Inglaterra, por la que los usuarios perderían su conexión a Internet de forma automática, es decir, sin autorización judicial, a la tercera vez que se descarguen archivos protegidos por propiedad intelectual.
Y mientras Bruselas legisla, Estados Unidos prepara su propia ofensiva legal de forma discreta mediante el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), en cuya negociación participan 40 países. Se conocen pocos detalles, salvo uno crucial: el acuerdo pondría el acento en la responsabilidad de las operadoras, que deberán responder por las actividades delictivas de sus clientes.
Los “tres avisos”, y la Ley
A la espera de las conclusiones del ACTA, que continuará su ronda de negociaciones en México durante el próximo mes de enero, la aparente contundencia de la nueva normativa europea con su bendición de los “tres avisos” (que apoyan Almodóvar o Herrero) fue matizada hace pocos días en Barcelona por Viviane Reding. La Comisaria Europea para la Sociedad de la Información advirtió, paradójicamente, que el corte de Internet por “uso fraudulento” va “contra la normativa comunitaria” y que “la represión no va a detener la piratería en Internet pues puede provocar el efecto contrario”. Reding, además, puso en valor tres principios que concuerdan con la batalla que, por su parte, libra la combativa Asociación de Internautas española: “El respeto de los derechos de las personas, la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad”. La protección de tales derechos fundamentales acaba por hacer de este embrollo un asunto aún más peliagudo. Tanto que, como advierte el abogado Luis Sendino, especialista en estos conflictos y una de las firmas más reconocidas, “no hay ni una sola sentencia firme en España que llegue a una conclusión definitiva”. Sendino, miembro del despacho Suárez de la Dehesa, el más importante de España en materia audiovisual, opina que tal falta de claridad se debe, en parte, a la “falta de valentía de los jueces y del propio Gobierno”. Almodóvar lo achaca a un supuesto populismo de las sucesivas administraciones.
En el lado contrario se sitúa Víctor Domingo, presidente de la mencionada Asociación de Internautas. Tachado por la industria cultural como “el hombre del gratis total”, el activista, muy combativo, funda su argumentación, entre otras cosas, en la defensa de las “libertades civiles”, expresión insólita en castellano que utiliza según la definición inglesa de “derechos que protegen al ciudadano frente al Gobierno”. Según Domingo, la aplicación de los “tres avisos” en España vulneraría el derecho a la intimidad: “Es un atentado contra la libertad espiar lo que yo me intercambio por Internet con los demás”, resume. Domingo oscila entre un discurso contemporizador (dice que está de acuerdo con que no se compartan archivos de los artistas que “expresamente así lo manifiesten” y aboga por la creación de una lista con esos artistas) y la defensa de posiciones más duras que pasan por esgrimir la crisis económica como argumento para no frenar las descargas gratuitas. También pone el acento en una cuestión espinosa: la copia privada. La cuestión de la copia privada ha sido el escollo con el que se han encontrado los jueces. Dicho en plata, ¿dónde está la diferencia entre el intercambio tradicional entre dos amigos de un DVD y ese mismo intercambio por Internet? La ley, en el artículo 270 del Código Penal, sólo condena a quien “reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente” una obra con “ánimo de lucro”.
De esta manera, el intercambio P2P podría ser plenamente legal y, de hecho, Domingo dice censurar a quienes se benefician de las obras ajenas sin pagar derechos aunque después matice que su persecución vulneraría ese derecho a la privacidad, con lo cual no acaba de quedar clara su postura. Sendino le enmienda la plana por completo: “En toda la Unión Europea, y ello incluye a España, las descargas y los intercambios entre pares (p2p) de música, de películas de cine o de libros electrónicos no autorizadas por sus titulares (autores, productores y editores) son ilegales. Otra cosa es que sean ilícitos civiles o penales, pero de lo que no hay duda es que se trata de actos ilícitos”.
Un futuro borroso
Muchas de estas páginas con enlaces o que permiten ver directamente la obra audiovisual con streaming basan su fundamento legal precisamente en esa falta de “ánimo de lucro”. Sendino pone en duda esas buenas intenciones ya que esos portales (entre los que se cuentan sitios tan populares como RapidShare, SendIt o Series Yonkis) han encontrado formas sutiles de ganar dinero, desde las más obvias, como la publicidad: “La televisión también es gratis y a nadie se le escapa que es un negocio gigantesco”, argumenta el abogado, hasta la obligación de registrarse para acceder a los contenidos. Con esos perfiles de usuarios particulares esos portales harían negocio al vendérselos a compañías que acumulan bases de datos. Sea como sea, todo parece indicar que el próximo 10 de diciembre el debate sobre la piratería no terminará sino que iniciará un nueva etapa. Quizá tan turbulenta, o más, que la que deja atrás.
Articulo: http://www.elcultural.es 05/12/2009
Ilustracion: Abujel
