Wert: "La decisión del Supremo no impedirá que entre en
vigor la ley Sinde"
Por Alberto OJEDA
La abogada de la Asociación de Internautas replica al ministro:
"Sí puede suspenderla"
José Ignacio Wert, actual ministro de Cultura, se ha apresurado
esta mañana a quitarle hierro a la admisión a trámite por parte del Tribunal
Supremo del recurso contra la ley Sinde presentado por la Asociación de
Internautas. En una entrevista televisiva, ha advertido que esa decisión
del alto tribunal es un trámite procesal "sin mayor importancia" que
no impedirá la entrada en vigor de la norma en marzo.
Wert ha indicado que la admisión a trámite no tiene ningún
efecto suspensivo de la norma por lo que se mantendrá su calendario de entrada
en funcionamiento y ha destacado la suma importancia que en su opinión tiene
"demostrar seriedad y compromiso con el cumplimiento de las exigencias de
respeto a la propiedad intelectual".
Esa opinión, sin embargo, no es compartida por Ofelia Tejerina,
la abogada de la Asociación Internautas que firma el recurso (también era suyo
el que impugnaba el canon, el que propició la intervención de la Guardia Civil
en la sede de la SGAE). La letrada no es demasiado optimista sobre la
iniciativa impulsada por la Asociación de Internautas. Cree que hay
"muchas connotaciones políticas" que pueden condicionar el proceso.
Pero advierte que, "en términos estrictamente jurídicos", la
suspensión de la norma podría producirse perfectamente.
Es complicado que así suceda, dada la escasa celeridad en la
resolución de los procedimientos judiciales propia de la justicia española.
Aunque sería muy conveniente que el Supremo se pronunciara antes de que entrara
la ley en vigor. "De no ser así, puede provocar una situación
caótica". A saber: que se impongan sanciones (cierres de páginas, retirada
de contenidos, cuantiosas multas...) y luego el Supremo determine que la ley no
tiene cabida en el ordenamiento jurídico español.
"De hecho, un juez tiene que contemplar esa
posibilidad. Si cree que la aplicación de la norma en tela de juicio puede
vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos, debe tener muy presente la
pertinencia de su suspensión", advierte Tejerina. De momento, la sala
tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ya ha instado (en
pieza separada) a la Abogacía del Estado que valore una posible
suspensión.
Entre tanto, la Asociación de Internautas elabora el escrito
completo del recurso (lo presentado hace dos semanas es un esbozo). El reproche
fundamental es que una comisión administrativa asume competencias que sólo
debieran estar en manos de un juez. Frente a esa interpretación, José Ignacio
Wert sostiene que el modelo de cierre de webs diseñado por la 'ley Sinde' es
"mixto", porque el juez debe sancionar las medidas adoptadas por la
Comisión de Propiedad Intelectual.
Wert también ha añadido que todos aquellos que "no son
partidarios del gratis total" no deben sentirse asustados u ofendidos por
el reglamento que desarrolla la ley. Y que "si no somos capaces de
encontrar un modelo adecuado será el fin de la creación cultural".
"Nos quedará el patrimonio, pero no habrá nuevos creadores".
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El Supremo le da el enésimo sobresalto a la 'ley Sinde'
Por Alberto OJEDA
El alto tribunal admite a trámite un recurso de la Asociación
de Internautas contra la norma y pide a la abogacía del Estado que valore su
suspensión
Otro capítulo se añade hoy al culebrón de la ley Sinde: el
Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Asociación
de Internautas contra la controvertida norma, cuya tramitación vive ahora un
nuevo sobresalto. El órgano judicial, además, ordena remitir el recurso a la
abogacía del Estado para que valore la posible suspensión cautelar de la norma,
que ha sido solicitada por la asociación. Queda abierta así la posibilidad de
que la ley vuelva a estancarse.
La asociación impugnó el reglamento hace dos semanas. El
razonamiento capital es el que viene sosteniendo desde que se puso sobre la
mesa por la anterior ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. Víctor
Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, lo explica a elcultural.es
poco después de conocer la decisión del tribunal: "Una cuestión en la
que está en juego la privacidad de las comunicaciones y la libertad de
expresión no puede dirimirse por una comisión administrativa. Tiene que ser un
juez el que decida".En su opinión, el diseño de la norma para retirar
contenidos y cerrar páginas webs vulnera las garantías judiciales básicas que
prescribe nuestra constitución.
Para Víctor Domingo, la norma antidescargas "genera una
tremenda inseguridad jurídica para cualquier web, blog... El concepto de enlace
se pone bajo sospecha y eso es entrar en un terreno muy delicado". Sobre
todo porque la jurisprudencia ha solido exculpar hasta la fecha la actividad de
enlazar a contenidos que vulneraban la propiedad intelectual. La ley
Sinde pretende modificar esa tendencia y para ello busca modificar las
reglas de juego. Es decir, intenta dotar de un respaldo legal el cierre de ese
tipo de webs.
El problema para los internautas es que la autoridad que se
concede a una comisión administrativa (dividida en dos instancias, una primera compuesta por 'sabios' en
la materia, y otra segunda por secretarios de Estado) es
excesiva. "Si quieren modificar las reglas del juego, tendrán que
modificar la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). No crear este procedimiento de
clausura a través de un reglamento que no ilegaliza las webs de descargas, algo
que correspondería a la LPI, sino que, simplemente, abre un cauce para
cerrarlas. Y eso es un atajo que no podemos tolerar".
Aparte de este argumento, el esencial en que se sostiene el
escrito de la Asociación de Internautas, también se advierte en el mismo que
la ley Sinde contraviene la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del
Constitucional al extralimitarse en sus intenciones reguladoras del marco
digital. A juicio de esta agrupación, el reglamento que no se atrevió a aprobar
el gobierno socialista y que ahora el PP ha impulsado de nuevo desarrolla, sin
amparo legal para ello, leyes como la de Comercio Electrónico, la Propiedad
Intelectual y la Jurisdicción Administrativa.
Víctor Domingo dice "confiar" en la Justicia. Tiene
sus esperanzas puestas en ella. Hay un antecedente que les invita al
optimismo. "El canon digital nunca debió subir al BOE. Hemos tenido
que esperar ocho años para que lo eliminaran de nuestra legislación, pero al
final lo conseguimos. Es una pena que se tarde tanto tiempo y que luego no
se aplique efectos retroactivos frente a quien se ha lucrado tanto con él.
Veremos esta vez".
