samedi 11 février 2012

Albert OJEDA/ José Ignacio WERT: "La decisión del Supremo no impedirá que entre en vigor la ley Sinde"


Wert: "La decisión del Supremo no impedirá que entre en vigor la ley Sinde"
Por Alberto OJEDA

La abogada de la Asociación de Internautas replica al ministro: "Sí puede suspenderla"

José Ignacio Wert, actual ministro de Cultura, se ha apresurado esta mañana a quitarle hierro a la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo del recurso contra la ley Sinde presentado por la Asociación de Internautas. En una entrevista televisiva, ha advertido que esa decisión del alto tribunal es un trámite procesal "sin mayor importancia" que no impedirá la entrada en vigor de la norma en marzo. 

Wert ha indicado que la admisión a trámite no tiene ningún efecto suspensivo de la norma por lo que se mantendrá su calendario de entrada en funcionamiento y ha destacado la suma importancia que en su opinión tiene "demostrar seriedad y compromiso con el cumplimiento de las exigencias de respeto a la propiedad intelectual". 

Esa opinión, sin embargo, no es compartida por Ofelia Tejerina, la abogada de la Asociación Internautas que firma el recurso (también era suyo el que impugnaba el canon, el que propició la intervención de la Guardia Civil en la sede de la SGAE). La letrada no es demasiado optimista sobre la iniciativa impulsada por la Asociación de Internautas. Cree que hay "muchas connotaciones políticas" que pueden condicionar el proceso. Pero advierte que, "en términos estrictamente jurídicos", la suspensión de la norma podría producirse perfectamente. 

Es complicado que así suceda, dada la escasa celeridad en la resolución de los procedimientos judiciales propia de la justicia española. Aunque sería muy conveniente que el Supremo se pronunciara antes de que entrara la ley en vigor. "De no ser así, puede provocar una situación caótica". A saber: que se impongan sanciones (cierres de páginas, retirada de contenidos, cuantiosas multas...) y luego el Supremo determine que la ley no tiene cabida en el ordenamiento jurídico español. 

"De hecho, un juez tiene que contemplar esa posibilidad. Si cree que la aplicación de la norma en tela de juicio puede vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos, debe tener muy presente la pertinencia de su suspensión", advierte Tejerina. De momento, la sala tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ya ha instado (en pieza separada) a la Abogacía del Estado que valore una posible suspensión. 

Entre tanto, la Asociación de Internautas elabora el escrito completo del recurso (lo presentado hace dos semanas es un esbozo). El reproche fundamental es que una comisión administrativa asume competencias que sólo debieran estar en manos de un juez. Frente a esa interpretación, José Ignacio Wert sostiene que el modelo de cierre de webs diseñado por la 'ley Sinde' es "mixto", porque el juez debe sancionar las medidas adoptadas por la Comisión de Propiedad Intelectual. 

Wert también ha añadido que todos aquellos que "no son partidarios del gratis total" no deben sentirse asustados u ofendidos por el reglamento que desarrolla la ley. Y que "si no somos capaces de encontrar un modelo adecuado será el fin de la creación cultural". "Nos quedará el patrimonio, pero no habrá nuevos creadores".

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El Supremo le da el enésimo sobresalto a la 'ley Sinde'
Por Alberto OJEDA

El alto tribunal admite a trámite un recurso de la Asociación de Internautas contra la norma y pide a la abogacía del Estado que valore su suspensión

Otro capítulo se añade hoy al culebrón de la ley Sinde: el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Asociación de Internautas contra la controvertida norma, cuya tramitación vive ahora un nuevo sobresalto. El órgano judicial, además, ordena remitir el recurso a la abogacía del Estado para que valore la posible suspensión cautelar de la norma, que ha sido solicitada por la asociación. Queda abierta así la posibilidad de que la ley vuelva a estancarse. 

La asociación impugnó el reglamento hace dos semanas. El razonamiento capital es el que viene sosteniendo desde que se puso sobre la mesa por la anterior ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, lo explica a elcultural.es poco después de conocer la decisión del tribunal: "Una cuestión en la que está en juego la privacidad de las comunicaciones y la libertad de expresión no puede dirimirse por una comisión administrativa. Tiene que ser un juez el que decida".En su opinión, el diseño de la norma para retirar contenidos y cerrar páginas webs vulnera las garantías judiciales básicas que prescribe nuestra constitución. 

Para Víctor Domingo, la norma antidescargas "genera una tremenda inseguridad jurídica para cualquier web, blog... El concepto de enlace se pone bajo sospecha y eso es entrar en un terreno muy delicado". Sobre todo porque la jurisprudencia ha solido exculpar hasta la fecha la actividad de enlazar a contenidos que vulneraban la propiedad intelectual. La ley Sinde pretende modificar esa tendencia y para ello busca modificar las reglas de juego. Es decir, intenta dotar de un respaldo legal el cierre de ese tipo de webs. 

El problema para los internautas es que la autoridad que se concede a una comisión administrativa (dividida en dos instancias, una primera compuesta por 'sabios' en la materia, y otra segunda por secretarios de Estado) es excesiva. "Si quieren modificar las reglas del juego, tendrán que modificar la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). No crear este procedimiento de clausura a través de un reglamento que no ilegaliza las webs de descargas, algo que correspondería a la LPI, sino que, simplemente, abre un cauce para cerrarlas. Y eso es un atajo que no podemos tolerar". 

Aparte de este argumento, el esencial en que se sostiene el escrito de la Asociación de Internautas, también se advierte en el mismo que la ley Sinde contraviene la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional al extralimitarse en sus intenciones reguladoras del marco digital. A juicio de esta agrupación, el reglamento que no se atrevió a aprobar el gobierno socialista y que ahora el PP ha impulsado de nuevo desarrolla, sin amparo legal para ello, leyes como la de Comercio Electrónico, la Propiedad Intelectual y la Jurisdicción Administrativa. 

Víctor Domingo dice "confiar" en la Justicia. Tiene sus esperanzas puestas en ella. Hay un antecedente que les invita al optimismo. "El canon digital nunca debió subir al BOE. Hemos tenido que esperar ocho años para que lo eliminaran de nuestra legislación, pero al final lo conseguimos. Es una pena que se tarde tanto tiempo y que luego no se aplique efectos retroactivos frente a quien se ha lucrado tanto con él. Veremos esta vez". 

Articulo : http://www.elcultural.es 08/2/2012

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