samedi 31 mars 2012

Vive la Pepa, a los 200 años


Vive la Pepa, a los 200 años

El día de San José se cumplen 200 años de la promulgación en Cádiz de la primera Constitución española

Morales Moya, Sosa Wagner y Carlos Malamud celebran la Constitución de 1812, un grito de libertad en nuestra historia

Traducidos con rapidez a las principales lenguas, adaptados, casi calcados, en Italia, Portugal, América, los 384 artículos del primer texto constitucional español, discutidos y redactados en la Cádiz asediada por la artillería francesa,ejercieron un poderoso y pertinaz influjo en la historia de España y del mundo. Aquellas Cortes gaditanas, aquel milagro de soberanía que el caos de la invasión napoleónica abrió en una esquina de Europa en 1810, concluyeron el 19 de marzo de 1812, día de San José, su titánica tarea al promulgar nuestra primera Constitución, tan ambiciosa en libertades como adalid de igualdades. Y pudo entonces gritarse “¡Viva la Pepa!”. 

En El Cultural conmemoramos su bicentenario con los análisis de los historiadores Antonio Morales Moya, que celebra la efusión de soberanía de aquellos días pero también advierte contra la asimilación del país por la causa liberal; Francisco Sosa Wagner, que disecciona con precisión el articulado, sobre todo en lo que respecta a la organización territorial del Estado, y Carlos Malamud, que se ocupa del ascendiente de la Pepa sobre la ya muy inquieta América española. Y conocemos a algunos protagonistas de aquellos febriles días.

La nación soberana
Por Antonio MORALES MOYA  

El historiador celebra la efusión de soberanía de aquellos días pero también advierte contra la asimilación del país por la causa liberal
  
Las Cortes de Cádiz consumarán la revolución liberal española. Una revolución que supondría, junto a la construcción de un nuevo régimen o sistema político -soberanía de la nación frente a la del monarca, derechos de los ciudadanos como fundamento y finalidad del orden estatal y límite a su acción, división de poderes y principio de legalidad-, la configuración, frente al viejo orden estamental, de un nuevo tipo de sociedad, a través de una serie de medidas legales, lógicamente articuladas, que subvierten los fundamentos de la sociedad tradicional. 

El 19 de marzo fue la fecha escogida: “debiendo el día de la promulgación del Código Constitucional hacer época en los fastos de la nación” al ser aniversario del que “por la espontánea renuncia de Carlos IV subió al trono de las España su hijo el rey amado de todos los españoles Don Fernando VII de Borbón, y cayó para siempre el régimen arbitrario del anterior Gobierno, abriendo un largo campo a las esperanzas de la Nación y a los heroycos hechos de su lealtad y patriotismo”. La Constitución de 19 de marzo de 1812, replica liberal y patriótica del Estatuto de Bayona, siquiera se vea influida decisivamente por el iusnaturalismo racionalista y el pensamiento constitucional anglofrancés, constará de diez títulos y trescientos ochenta y cuatro artículos y alumbra, como se ha dicho, una nueva organización política, fundada en un conjunto de principios revolucionarios, rigurosamente opuestos a los que estructuraban el Estado del absolutismo y, a su frente, el de la soberanía de la Nación. 

El principio de la soberanía nacional, formulado primeramente en el Decreto de 24 de septiembre de 1810, se recoge en el art. 3 de la Constitución: “la soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”. La Nación, “reunión de todos los españoles de ambos hemisferios” (art.1°) es “libre e independiente y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona” (art. 2°) y “está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen” (art. 4°). De acuerdo con el criterio del grupo liberal de las Cortes, la Nación se concibe como ente ideal, carente de realidad empírica, mero sujeto de imputación del poder. En la Nación recae la soberanía -facultad originaria, permanente, indivisible, inalienable e ilimitada- sin que el Monarca, las leyes fundamentales o las propias Cortes puedan restringirla, correspondiéndole en plenitud al poder constituyente. 

Mas el carácter ilimitado de la soberanía de la Nación sólo podía compatibilizarse con un Estado de Derecho distinguiendo entre la titularidad de la misma y su ejercicio delegado que corresponde a los distintos órganos -el supremo, las Cortes- del Estado. Sistema representativo, división de poderes y, en consecuencia, derechos individuales asegurados, configuran de esta forma el Estado constitucional. El texto del 19 de marzo de 1812 se conforma, pues, con el clásico modelo liberal de Constitución. 
Finalmente, el principio de soberanía nacional no era, en plena guerra de la Independencia, un mero concepto doctrinal impuesto por una minoría radicalizada, sino el reconocimiento “de un hecho palmario: el levantamiento espontáneo del pueblo español [...]. 

De seguir siendo rigurosamente monárquico, habría que reconocer como Rey de España a José Bonaparte” (Luis Díez del Corral). Concluye, por tanto, el poder absoluto de un monarca, sometido ahora a una Constitución que debe jurar guardar y hacer guardar al acceder al trono (art. 173). Una última consideración: el primer liberalismo español fue revolucionario, radical no democrático, capaz de mostrarse a la altura de unas circunstancias difíciles, defendiendo la libertad tanto frente a la invasión francesa como frente a los “serviles” (Varela Suanzes-Carpegna). Su influyo en el constitucionalismo español del siglo XIX fue escaso, por su inadecuación a la realidad política, notable, sin embargo, su expansión por Europa e Hispanoamérica, y siempre una referencia para los demócratas españoles. Mas su merecida conmemoración no debería llevar al error en que se está cayendo: identificar la nación española con la nación liberal soberana que nace en Cádiz. Quizás sólo en España disputemos por rebajar la densidad histórica de nuestra nación. 

Los orígenes medievales de la Nación española son plausibles, su existencia en los siglos XVI y XVII indudable y en el siglo XVIII, el reformado Estado español dará un fuerte impulso a la “nacionalización” del país centralizando, uniformizando, racionalizando las estructuras política-administrativas, las leyes, las costumbres, los lugares, en fin la geografía y la historia, puestas al servicio de una conciencia nacional. Ni en 1808 ni en 1812, nace, por tanto, la Nación española mas sí es el momento en que la vieja Nación, fortalecida en la centuria anterior y desaparecido el Estado, se manifiesta en toda su fuerza. 

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Cádiz contada por los vientos
Por Francisco SOSA WAGNER 

Sosa Wagner disecciona con precisión el articulado, sobre todo en lo que respecta a la organización territorial del Estado

Si Cádiz tiene hoy el honor de haber sido el escenario donde se representa la primera escena de la revolución liberal es porque fueron los suaves vientos atlánticos de la bahía, aires que revuelan y alborotan, los encargados por la Historia de aventar las miasmas del Antiguo Régimen. 

Esos vientos nos trajeron el Estado que todavía hoy conocemos, y nos dejaron, como niños recién nacidos, a los municipios y a las provincias, y depositaron entre nosotros el humus de la centralización administrativa sin cuyos instrumentos no hubiera sido posible empezar el desescombro de las estructuras políticas y administrativas del pasado. 

Ni hubiéramos podido concebir la división de poderes pues fue entonces cuando comenzamos a balbucir la distinción entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, aún hoy santo y seña de un régimen constitucional digno. Al primero correspondía -nos explicarán los tratadistas de la época- tomar las medidas generales acomodadas a todo el país y al segundo toca actuar por medidas particulares. De la misma manera que la legislación ha de encargarse a muchas personas mientras que la ejecución es asunto de pocos, cuantos menos, mejor. Los legisladores se deben reunir de forma intermitente pero el poder ejecutivo debe actuar sin descanso. El judicial por su parte tiene, en estos momentos natalicios, sus funciones limitadas a dirimir las contiendas entre los particulares y castigar los delitos ya que en la mente de los constituyentes gaditanos solo existen las jurisdicciones civil y criminal. Habrán de pasar algunos años para que veamos empinarse en su cuna lo que acabaría siendo la jurisdicción contencioso-administrativa, especializada en las contiendas entre los particulares y la Administración. Nuestro modelo -adoptado por los moderados- será el francés con el Consejo de Estado como centro. 

Estos vientos gaditanos serán especialmente inclementes con las estructuras territoriales que habían llegado hasta finales del siglo XVIII y a las que era preciso poner cerco pues que en ellas anidaban los restos de los viejos poderes señoriales y feudales, cuya destrucción era justamente la tarjeta de visita con la que se presentaba en el nuevo siglo el pensamiento liberal. 

Y así la nueva distribución del mapa municipal se monta sobre la supresión de las divisiones del Antiguo Régimen y de la desaparición de los señoríos, desmantelados por un Decreto anterior a las propias Cortes -de 6 de junio de 1811- y que deja reducido el poder del señor al de propietario de las tierras (produciéndose el paso, como se ha escrito, del señor al señorito). 

Otro de los objetivos revolucionarios fue la creación homogénea del escalón provincial, dirigido contra la heterogeneidad de la división del espacio durante el Antiguo Régimen. Tras varios proyectos -de 1813, 1821, 1822- resultó como definitiva la de 1833, formulada por Javier de Burgos, todavía hoy vigente. 

Esos mismos vientos nos traen la representatividad en los escalones municipal y provincial. Aunque montada sobre bases censitarias, supone la supresión del régimen de la perpetuidad de oficios y de los privilegios de la nobleza. Los municipios se componen de vecinos iguales ante la ley, que eligen a los alcaldes y regidores en elección de dos grados; los cargos son gratuitos, se renuevan cada año los alcaldes y la mitad de los concejales. En el ámbito provincial, a la supresión de corregidores y alcaldes mayores, sigue la creación de la figura del jefe político, nombrado por el Gobierno como máxima autoridad en la provincia, sin perjuicio de la creación simultánea de un órgano parcialmente electivo, la Diputación, a la que se encarga el fomento de los intereses provinciales. 

Las competencias que se atribuyen a los Ayuntamientos son, entre otras, las relacionadas con la administración de bienes de propios y los arbitrios, los establecimientos de beneficencia y primera enseñanza, la construcción y reparación de caminos y obras públicas, la vigilancia y explotación de los montes... La necesidad centralizadora de incorporar las tareas municipales a la acción general del Estado se consigue poniendo a los Ayuntamientos bajo la supervisión de la Diputación Provincial, que es presidida por el jefe político. Asume funciones de fomento y la aprobación del reparto de las contribuciones generales entre los pueblos de la provincia. 

Toda esta reforma hay que entenderla en el marco de la situación económica de penuria que viven los nuevos municipios debida a causas variadas, entre ellas su número excesivo (más de ocho mil ¡que aún hoy subsisten!) y el consiguiente fraccionamiento de su patrimonio. El telón de fondo es el empobrecimiento general del país, fruto amargo de la guerra contra Napoleón, que obliga a las ventas de bienes de propios, autorizadas por las Cortes. 

En relación con la Iglesia, aunque se declara la religión católica como “la propia de la Nación española”, se suprimió el Santo Oficio y se reformaron las órdenes religiosas. De otro lado, se sabía, desde los ilustrados del siglo anterior (y aun desde los novatores), que la única medida útil para salvar la deuda nacional (¿suena este asunto en nuestros días?) y poner en circulación bienes estancados era la venta de bienes nacionales y por ello en septiembre de 1813 se encarga a una Junta la venta de tales bienes, es decir, los confiscados a traidores, los pertenecientes a conventos y monasterios, fincas de la Corona, la mitad de baldíos y realengos ... Lástima que el suave viento gaditano se convirtiera en un huracán cuando Fernando VII se sentó en el trono. Con él todo el esfuerzo revolucionario se derrumba chorreando sangre, “triunfando en fin la Religión de ese monstruo horrendo de la impiedad” en palabras de un fogoso predicador. 

La Constitución fue abolida dejando una sombra de esqueletos. Pero quedará como bandera y nuevos vientos la agitarán siendo su mástil faro de las mejores quimeras. 

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De Cádiz a América, libertad contagiosa
Por Carlos MALAMUD

Carlos Malamud se ocupa del ascendiente de la Pepa sobre la ya muy inquieta América española

El artículo 1° de la Constitución de 1812 señala que “La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”. Con este solo enunciado se comenzaba a modificar radicalmente el entramado institucional del imperio americano, al situar en pie de igualdad a la metrópoli y sus colonias. Es más, los territorios americanos dejaban de ser colonias para convertirse en provincias, con iguales derechos que las peninsulares. Pese a todo, la duda que permanece es si esos gestos fueron, o hubieran sido, suficientes para acabar con una relación colonial de más de tres siglos. 

De todos modos, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 tuvieron un gran impacto en América, no sólo allí donde se aplicó la Pepa (comenzando por los virreinatos de Perú y Nueva España), sino también donde la evolución de la emancipación hizo que ésta nunca se aplicara, como el Río de la Plata. Su impronta se observa en la expansión de las libertades, en los posteriores textos constitucionales, en la construcción de la ciudadanía y los sistemas democráticos y en el desarrollo del liberalismo. 

Más allá de lo recogido en la Constitución y del peso que América tuvo en las discusiones parlamentarias, éste no fue un tema sencillo ni fácil de resolver. Había muchas cuestiones en juego, comenzando por la definición de soberanía y de nación, continuando por el papel de la monarquía y los derechos del monarca (especialmente sobre los territorios americanos) y terminando en el conjunto de instituciones que debía ser el eje del nuevo país que se quería construir. Desde esta perspectiva, la labor de los diputados americanos fue ardua y compleja, ya que no constituían un todo homogéneo, ni ideológica ni regionalmente (representaban territorios con intereses contradictorios) y, además, los diputados peninsulares no habían alcanzado un consenso sobre el papel de América en la nación española. 

Se ha insistido en que los representantes americanos expresaban los intereses criollos y que las independencias, o revoluciones políticas que las acompañaron, fueron impulsadas por los criollos. Al margen de ser una cuestión más compleja, que admite en ambos bandos la participación de peninsulares e indígenas, amen de negros y extranjeros, los intereses de los criollos de Buenos Aires, Caracas o Santiago poco tenían que ver con los de Lima o México. A esto se agrega el tratamiento de la cuestión indígena en las Cortes y sus repercusiones posteriores, ya que al presentarse la independencia como un fenómeno criollo, por defecto se está excluyendo a los indígenas. Una de las consecuencias más visibles en México fue la creación de centenares de ayuntamientos constitucionales por parte de los indígenas, un tema muy bien documentado por Antonio Annino. 

Un caso interesante es el de Dionisio Inca Yupanqui, representante peruano de origen indígena, activo en las dos primeras legislaturas.Nacido en Lima y educado en el colegio de Nobles de Madrid, Yupanqui defendió los derechos indígenas y la igualdad de representación para “todos los hombres libres”, incluyendo negros, indígenas y mestizos, un pedido que, según sus palabras, “escandalizó el Congreso”. En una discusión reclamando derechos para los indios y mejoras de su situación social, acusó a las Cortes de desconocer lo que ocurría en América (“La mayor parte de sus diputados y de la nación apenas tiene noticia de ese dilatado continente”), y fue mucho más allá al señalar que: “Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre”. 

Si bien los liberales de ambos continentes se cobijaron bajo la misma definición, no defendían intereses similares. Es insostenible decir que los liberales españoles se alegraron en su día de la independencia americana por estar en contra del absolutismo de Fernando VII. Al igual que en Gran Bretaña, Francia o Portugal, los liberales españoles eran tanto o más colonialistas que los conservadores. Por eso, pese a igualar en derechos a los españoles de ambos hemisferios o declarar que no había más colonias, no se acabó con el imperio. Desde 1811 los liberales peninsulares se propusieron la recuperación por las armas de las colonias más díscolas. Si bien en Cádiz se intentó desmontar el tributo, la encomienda, la mita, el reparto y las matrículas de mar, o abolir el tráfico de esclavos, no sabemos cuál hubiera sido el final de la historia de haber sobrevivido el imperio. Un punto de fricción entre americanos y peninsulares fue la sobrerrepresentación de estos últimos, pese a que el decreto de la Junta Central del 22 de mayo de 1809 que convocaba a Cortes reafirmaba la igualdad de la América española con su metrópoli. En la sesión inaugural de las Cortes de Cádiz participó casi un centenar de diputados, y sólo 29 en la representación americana. Todos, menos el puertorriqueño Ramón Power, eran suplentes. La idea de elegir suplentes, que ocuparían sus escaños hasta la llegada de los electos, permitió una aceptable presencia americana. Para seleccionarlos se acudió a americanos de nacimiento residentes en las provincias peninsulares no ocupadas por los franceses. 

La discusión sobre la soberanía nacional fue una de las grandes contradicciones entre americanos y peninsulares. Según Manuel Chust, las Cortes proyectaron “todo un planteamiento autonomista hispano al considerar los territorios americanos como parte integrante de la monarquía en igualdad de derechos”. Desde esta perspectiva cambió el concepto de soberanía, que dejó de ser la del rey para convertirse en soberanía nacional. En lo que a América respecta, un motivo de la oposición regia a la Constitución es que le privaba de sus territorios y súbditos. 

Mientras la mayor parte de los liberales peninsulares abogaban por un estado monárquico y centralista, los americanos pensaban en una soberanía divisible y compartida. De ahí la importancia atribuida a instituciones constitucionales, como las diputaciones provinciales, que podían representar a provincias y ciudades junto al estado nacional. La cuestión de fondo era asimilar la pertenencia o la identidad españolas a las americanas. Para los diputados ultramarinos, como el novohispano José Miguel Ramos de Arizpe, las provincias debían ser la base del autonomismo económico y de la soberanía política. Abogaban por tres niveles de soberanía: municipal, provincial y nacional. 

Otro problema fue la división territorial. Inicialmente se pensó en 19 territorios peninsulares y sólo 15 en las extensas posesiones americanas. La protesta de los representantes americanos pospuso la solución hasta la resolución de las crisis a ambos lados del Atlántico. La situación se agravó al privarse de la ciudadanía, y del voto, a las castas. En tanto el sufragio era proporcional se reducía el padrón electoral en 5 o 6 millones y se garantizaba, al menos, un número equiparable en los electos peninsulares y americanos. 

América y los diputados americanos jugaron un papel central en las cortes, tal como queda reflejado en la Constitución. Gracias a ello la lucha por las libertades en lo que había sido el imperio español conoció un impulso determinante. Sin embargo, no se trató de un camino fácil. Eran muchos los intereses en juego y los actores afectados como para no sentir las múltiples influencias contradictorias. Ahora bien, pese a todas las dificultades, la Constitución de 1812 permitió que en la América española se comenzara a hablar de democracia y ciudadanía, se comenzara a votar y se establecieran regímenes republicanos de gobierno mucho antes que en otras vastas partes del planeta. 

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Doceañistas memorables
Algunos protagonistas de aquellos febriles días

Los protagonistas de la Pepa fueron sin duda aquellos memorables doceañistas que confluyeron en Cádiz desde toda España y Ultramar. Diputados liberales comoAgustín de Argüelles (1776 - 1844), de sobrenombre El divino ganado a golpe de oratoria, electo por Oviedo, redactor en primera persona de la Constitución, donde abogó con vehemencia por la abolición de la esclavitud y el fin de la tortura (entonces llamada “tormento”). 

O como el muy erudito sacerdote, y enemigo de la Inquisición, el extremeñoDiego Muñoz Torrero (1761 - 1829). El mismo día de inicio de las Cortes, el 24 de septiembre de 1810, juró el cargo como diputado y pronunció tal vez el discurso más importante del periodo constituyente gaditano, el que sentó las bases de la futura Pepa, modelada en torno a la siguiente afirmación irrevocable: “los diputados aquí presentes encarnamos a los únicos y legítimos representantes de la Nación, cuyo soberano es Fernando VII”. 

No menos brillaron moderados como el guipuzcoano Miguel Antonio Zumalacárregui (1773 - 1867), hermano de quien luego sería famoso general carlista, e hiperactivo diputado: secretario de las Cortes, presidente de turno de las mismas y miembro activo de numerosas comisiones, con un papel relevante en la redacción de la Constitución. Fue además defensor ante la bancada del general José Imaz, rendidor de Badajoz. 

Pero además de los diputados, por Cádiz se paseaban toda clase de personajes apasionados y excéntricos aquellos días de política y asedio. Como la periodista servil María Manuela López de Ulloa, llamada también Madame Leticia o La Española, beligerante defensora de la tradición desde sus colaboraciones en el periódico El Procurador General y muy atacada por la prensa liberal que la reprochaba, según ella, que fuera absolutista pero, sobre todo, mujer. 

Uno de los forasteros que más impresión causó en aquella Cádiz asediada fue el único diputado de ascendencia indígena de las Cortes, el peruano Dionisio Inca Yupanqui. Y es que aún resonaban los ecos de su celebradísimo discurso el 16 de diciembre de 1810 en el que, “como inca, indio y americano”, defendió la igualdad entre españoles y nativos del nuevo mundo porque “un pueblo que oprime a otro no puede ser libre”. 

Pero no todo era política, o no casi todo. Frasquita Larrea, nacida en la misma Cádiz en 1775, lectora de Shakespeare y Mary Wollstonecraft, de Kant y Descartes, abrió en pleno 1811 la más famosa tertulia literaria romántica de las Cortes, la cual, según testimonio de Alcalá Galiano, representaba al círculo de reunión realista de la ciudad, frente a la jerezana Margarita de Morla y Virués que acogería el activismo liberal en su propia tertulia. A finales de diciembre de ese año sale finalmente del país para reunirse con su marido y su familia en Alemania. 

Entre los parlamentarios llegados de Indias destacó así mismo el teniente de navíoRamón Power, representante de la Capitanía General de Puerto Rico, enemigo de la tiranía monárquica y del sistema colonial y único diputado americano propietario en la apertura de las Cortes Extraordinarias en 1810. 

La Pepa no habría hallado un feliz alumbramiento sin los militares heroicos que defendieron la ciudad del acecho de las tropas napoleónicas. Tal vez Diego de Alvear y Ponce de León fuera el más importante de todos ellos. Al mando de la artillería, se hizo cargo de la defensa de la localidad contando entre sus logros conseguir que la flota francesa de Rosilly, internada en la bahía de Cádiz hasta entonces (apenas mes y medio antes Francia era aliada) se rindiese en Junio de 1808. Amén de reorganizar las milicias de Cádiz con un cuerpo de dos mil voluntarios popularmente conocidos como los "Voluntarios distiguidos de Cádiz". 

En el día a día de aquellos tres años en los que, como tantas veces se ha contado, los sitiados, asistidos por mar por los ingleses, vivían mejor que los sitiadores, los gaditanos de a pie defendieron con sus propias pertenencias la villa, tal y como recoge un dietario de la época: “En la secretaría de gobierno de Cádiz, se ha recibido por parte del señor D. Antonio Sánchez, panadero de esta ciudad, un donativo de treinta pares de zapatos y catorce camisas de lienzo para las tropas del general Ballesteros”. 

Desde Valencia, donde le sorprendió el levantamiento contra Napoleón, José Canga Argüelles (1770-1842), marchó a Cádiz y allí, avalado por su prestigio como jurista, reorganizó las finanzas de un Estado al límite de la quiebra, fue nombrado secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, se responsabilizó del primer presupuesto público de las Cortes y redactó catorce memorias económicas en apenas dos años. 

Collage de Jorge Galindo realizado para El Cultural con motivo del bicentenario de la Constitución de 1812

Articulo: http://www.elcultural.es 30/03/2012

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