dimanche 27 mai 2012

Hernando GOMEZ BUENDIA/ Una carta por la paz


Columnas
Una carta por la paz
Por Hernando Gómez Buendía

El anuncio de las Farc de abandonar el secuestro extorsivo ha abierto de nuevo la perspectiva de una eventual salida pacífica al conflicto. ¿Qué se puede esperar de esta promesa?

“Las Farc son el enemigo de Colombia”, “a las Farc hay queacabarlas”, “todo lo que digan las Farc es falso”. Estas tres frases recogen el consenso popular de los últimos diez años, y derrotar a las Farc es lo más parecido que hemos tenido a un “proyecto nacional” en la historia. 

Si alguien cree que exagero, le recuerdo que ninguna causa ha movilizado tales multitudes como la marcha del 4 de febrero de 2008 en contra de las Farc (y que la marcha contra los paramilitares del 6 de marzo siguiente no tuvo casi eco). O, más sencillamente, le recuerdo que Santos fue elegido por cuenta de Uribe, y que Uribe fue elegido y reelegido por cuenta del repudio visceral del pueblo colombiano hacia las Farc. 

Menciono estas obviedades porque sin ellas no se aprecian bien la extensión y la intensidad del rechazo a cualquier propuesta o conato de negociar otra vez con la guerrilla. Incluidas –o comenzando por– las propuestas o conatos de la propia guerrilla. Después de 48 años de comunicados, declaraciones y documentos farragosos que nadie lee, nadie entiende y nadie quiere entender, los medios al unísono descartan todo lo que diga o anuncie la guerrilla –porque a las Farc no se les puede creer–. 

Y por supuesto, si alguien intenta entender lo que dice el enemigo, se expone a que lo malentiendan o lo tilden de traidor. 

Sin embargo, al enemigo hay que entenderlo si se piensa hablar con él, como también hay que entenderlo para poder derrotarlo. Y así, en medio del ruido y de las suspicacias, algunos académicos han dedicado años a estudiar los documentos y a tratar de comprender qué está pasando dentro de las guerrillas. 

Pues a raíz del anuncio de que las Farc no harían más secuestros extorsivos, un grupo de más de cien académicos de distintas orientaciones políticas dirigimos una carta al presidente Santos, exhortándolo a recordar otra frase de su discurso de posesión: “La puerta del diálogo no está cerrada con llave... mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa”. 

La carta se justifica porque en el comunicado del “Estado Mayor de las Farc-EP” no hay uno sino varios elementos novedosos que los medios no captaron, que el país no conoce y que objetivamente significan algún rayo de luz del otro lado de la puerta. Me refiero a cinco cambios de posición, en lo que va corrido desde que se rompieron los diálogos del Caguán, que se retoman o añaden en el nuevo documento: 

Primero, hay que recordar que el mal llamado “canje humanitario” (si es canje no es humanitario y viceversa) fue el tema único de diálogo (o mejor, de no diálogo) entre las Farc y el gobierno de Uribe. Con Santos, y en especial desde que “Timochenko” está al mando, la guerrilla insiste más y más en dialogar para la paz (dice el comunicado: “... por nuestra parte consideramos que no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones”). 

Segundo, en el Caguán se había acordado una “agenda común” de 12 macrotemas y 107 puntos que implicaban refundar a Colombia. Incluso en estos días la guerrilla habló de “retomar la agenda del Caguán”, y esto produjo el predecible intercambio de epítetos entre Pastrana y un señor José Obdulio. Pues ahora la fórmula se cambia por “conversar para hallar una salida civilizada a los graves problemas sociales y políticos que originan el conflicto armado”.

Tercero, en vez del “canje de prisioneros de guerra” que pedían (y que de hecho lograron bajo el gobierno Samper), las Farc venían liberando a los soldados y policías cautivos, y ahora anuncian que además de los seis cuyo regreso esperamos en pocos días, entregarán a “los cuatro restantes en nuestro poder”. 

Cuarto, y más llamativo, fue la derogatoria de la “parte pertinente de la Ley 002 expedida por nuestro pleno del Estado Mayor del año 2000”, que autorizaba el secuestro extorsivo o “la retención de civiles con fines financieros”. Esto ha sido un clamor popular (de hecho, la base del principal clamor contra las Farc) y una exigencia constante del gobierno para sentarse a dialogar, que ahora el mando guerrillero adopta sin contraprestación alguna. 

Quinto, lo más sutil pero más importante se introduce después de derogar aquella “ley” infame: “... es hora de que se comience a aclarar quiénes y con qué propósitos secuestran hoy en Colombia”. Al decir que no todas las atrocidades son obra de un solo bando e invitar a que alguien verifique, se hace el prólogo a la propuesta de “comenzar por un acuerdo de regularización de la confrontación y de liberación de prisioneros políticos”. La “regularización” es una palabra técnica que significa aceptar la vigencia y respetar las normas del derecho internacional humanitario, por parte de ambos actores armados; es decir, acabar con la pipetas, las minas antipersonas o el reclutamiento de menores (además de los secuestros), pero también con las torturas, las desapariciones o los falsos positivos.

Las respuestas del gobierno (por lo menos las públicas) no se dirigieron en realidad a las Farc sino al público –o en todo caso se abstuvieron de entrar en los argumentos del comunicado–. 

Una de ellas, la del vicepresidente Garzón, apeló sin más rodeos al “síndrome del Caguán”. No conviene sentarse a dialogar con una guerrilla “que puede estar ganando tiempo para seguir con su actividad ilegal”. Eso fue lo que hicieron las Farc durante los 39 meses que duró aquel proceso (del cual, por lo demás, Angelino Garzón fue coprotagonista), pero no es la manera seria de adelantar unas negociaciones. Los diálogos pueden darse discretamente y en el exterior, sin necesidad de “zonas de distensión”, de “despejes”, y ni siquiera de treguas. 

El presidente en cambio “valoró el anuncio como un paso importante y necesario, aunque no suficiente”. Y renunciar al secuestro es insuficiente porque –según repite Santos hasta el cansancio– las Farc deben abandonar el “terrorismo”, el narcotráfico y cualquier otra forma de “delincuencia”. Uso comillas porque de la extensión que se haga de estas palabras, en mi opinión, depende si la paz en Colombia es posible o es del todo imposible. 

Me explico. Si las Farc dejan de secuestrar, de extorsionar, de “tomarse” los pueblos, de emboscar policías y soldados –si dejan, en resumen, de ejercer la violencia–, las propias Farc dejarían de existir. Es lo terrible de la guerrilla colombiana: que solamente existe en cuanto ejerce violencia porque carece casi completamente de presencia, fortaleza y habilidad política. Si esta guerrilla deja de disparar, el gobierno y la opinión sencillamente se olvidarán de ella –salvo que decida volver a disparar–: o sea, en castellano, que poner la condición de abandonar la “delincuencia” para poder dialogar es pretender que el otro se suicide antes de invitarlo a la mesa.

Este, ni más ni menos, fue el tuit del ex presidente Uribe en relación con el anuncio de las Farc, porque “es lo mismo de siempre” y porque “también el comunicado indica que seguirán secuestrando policías y militares”. 

Y es aquí donde el asunto de la “regularización” podría venir al caso. En virtud de este acuerdo inicial, las Farc y la Fuerza Pública tendrían que abstenerse de todas las acciones prohibidas por el dih, es decir, limitarse a la guerra regular (por eso se llama así) entre los dos combatientes, sin ataques contra la población civil, uso de armas desproporcionadas ni abuso de los prisioneros –aunque la guerra regular sí implica la captura de combatientes enemigos–. 

En lugar de impedir a todo trance que el presidente Santos piense siquiera en negociar algún acuerdo con las Farc, Álvaro Uribe debería subrayar y celebrar los cambios en la actitud de la guerrilla, porque esos cambios son sobre todo el resultado de los triunfos de la Seguridad Democrática:

1. El “canje humanitario” se acabó prácticamente por sustracción de materia a raíz de la Operación Jaque, que dejó a la guerrilla sin “canjeables” de verdad. 

2. Diez años de ofensiva militar exitosa amansaron el sueño de la “revolución por contrato” que implicaba la agenda del Caguán, y lo cambiaron por otro más limitado de atender las causas que hacen que el conflicto armado interno permanezca. 

3. Renunciar al secuestro fue la exigencia principal del presidente Uribe a la guerrilla, y es el intento de mostrarle al país que esta vez, tras los golpes, las Farc sí están dispuestas a las concesiones. 

Si el enemigo quiere hacer la paz porque ha perdido fuerza, ¡bienvenida la paz! En un país que lleva 48 años de desangre, cuyo gasto militar es el mayor del hemisferio (incluyendo a Estados Unidos), que no puede avanzar porque lo ahogan los señores de la guerra, acelerar el fin de las hostilidades es el primer deber del gobernante y la primera tarea de la ciudadanía. 

Articulo: http://www.elmalpensante.com 03/2012

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