dimanche 25 août 2013

Hugo VARGAS/ De cómo se prohibieron las drogas en México

De cómo se prohibieron las drogas en México
Por Hugo VARGAS

Hace un siglo todas las drogas eran legales. En el tránsito del XIX al XX lo que se investigaba eran las propiedades de cada una de las sustancias para mejorar la calidad de la vida; eran utilizadas no sólo como “distractores” o “evasores” sino, y principalmente, como auxiliares en el tratamiento de diversas enfermedades, síndromes y cuadros patológicos.

Antes de la primera guerra mundial en todo el mundo se podían adquirir las más diversas sustancias con una alta calidad. Hasta principios del siglo XX, en el mundo y en México, el consumo de drogas tampoco era castigado, y se veía como un acontecimiento cotidiano, que en el peor de los casos podría considerarse una enfermedad, curable con cierta facilidad, como lo prometían los anuncios que aparecían en la prensa de la época.

Ricardo Pérez Montfort (Yerba, goma y polvo, Era-Conaculta, México, 1999) cita algunos de los aparecidos en los diarios mexicanos: “Morfina / Curación radical de morfinomanía y narcomanías sin molestia: en casa/ Medicina y métodos nuevos. Muestra gratuita para cuatro días / Dr. Antonio Márquez, 1ª Donceles 4”. O éste otro: “Morfinismo/ Se cura este hábito en cuatro semanas / con el tratamiento Keeley aplicado en el / sanatorio para alcohólicos y morfinómanos / The Keeley Institute Puebla / 3ª. Aztecas 3. Médico director: Alberto O’Farrill.”

“En los ambientes bohemios —dice Pérez Montfort—, en el mundillo artístico y literario, en las altas esferas aristocráticas, en los mandos medios y superiores del ejército revolucionario, entre la tropa rasa, entre profesionistas y clases medias, y no se diga en los cabarets, en las farmacias, en las penitenciarías o en los llamados ‘bajos fondos’, el consumir zoapatli, toloache, opio, marihuana, codeína, pastillas Houdé, polvos de Dover, morfina ‘en jeringas de Parvaz’ y hasta heroína en sus más variadas formas era visto como algo propio de la sociedad de su momento.”

En la mayoría de las boticas del país, así como en hospitales y dispensarios se adquirían sin receta ni control “clorhidrato de cocaína, de morfina alemana de la casa Merck y francesa, Poulenc Frères”. En las ciudades donde se habían asentado los inmigrantes chinos no era difícil conseguir opio. Pérez Montfort asegura que durante el régimen de Madero un grupo de comerciantes chinos ofreció pagar impuestos por un millón de pesos si se le permitía monopolizar la importación de chandoo (el opio para fumar).

El alcoholismo provocaba estragos en todos los niveles sociales, pero había distingos. El Diario Ilustrado editorializaba en 1908: “El alcohol horripila pero únicamente en el espectáculo del borracho callejero, medio desnudo, temulento. La borrachera discreta, bien vestida y paseada en coche, es cosa diferente, respetable y decente.”

Sin embargo, ya se dejaban escuchar las voces de alerta y llamadas a la prohibición. En julio de 1919 se anunciaba la formación de un Consejo de Salubridad que preparaba la estrategia para atacar el “vicio de la intoxicación más o menos artística, más o menos vulgar, que está alcanzando entre nosotros un incremento grandísimo, sobre todo entre la juventud de la clase media que ha tomado como un esnobismo fumar opio, marihuana, inyectarse heroína, cocaína y otras sustancias sucedáneas del opio”.

Las bases de los instrumentos legales y discursivos utilizados para combatir el consumo de drogas eran del porfiriato. Un antecedente se encuentra en el Código Penal de 1871 para el DF y el territorio de Baja California. Ese reglamento cuyo énfasis estaba puesto en garantizar el buen estado de los alimentos y de las medicinas, ya contiene un capítulo titulado “Delitos contra la salud pública”, donde se prohíbe la elaboración de “sustancia nocivas a la salud o productos químicos que puedan causar grandes estragos” (Axayáctl Gutiérrez Ramos, La prohibición de las drogas en México. La constitución del discurso jurídico, 1917-1931, tesis, Instituto Mora, México, 1996).

La Revolución fue un paréntesis en el fortalecimiento del discurso prohibicionista, pero una vez resuelta la fase armada, al momento de discutirse la Constitución, apareció el tema. Y era abordado con los prejuicios de la época, entre los que figuraba, en primer lugar, “la degeneración de la raza”: “es indispensable que las disposiciones dictadas para corregir esta enfermedad de la degeneración de la raza provenida principalmente del alcoholismo y del envenenamiento por sustancias medicinales como el opio, la morfina, el éter, la cocaína, la marihuana, etc., sean dictadas con tal energía, que contrarresten de una manera efectiva, eficaz, el abuso del comercio de estas sustancias tan nocivas a la salud.”

Quien sostenía lo anterior era el doctor y general José María Rodríguez, que luego será el presidente del Consejo de Salubridad General, una continuación hasta cierto punto lógica del órgano porfiriano Consejo Superior de Salud. La idea del doctor Rodríguez era adicionar el artículo 73 con las siguientes precisiones: el Consejo de Salud dependerá “directamente” del presidente, sin intervención de ninguna secretaría de Estado; sus disposiciones generales serán obligatorias, y en caso de una epidemia grave o invasión de enfermedades exóticas el Consejo podrá dictar las medidas correspondientes, “a reserva de que después sean sancionadas por el presidente”.

En los albores de la legislación prohibicionista las preocupaciones fundamentales eran el alcoholismo y el morfinismo. La marihuana, aunque se mencionaba al pasar, se mantenía al margen cuando se enlistaban las “sustancias peligrosas”.

En enero de 1917, algunos años antes que en Estados Unidos, varios diputados, entre los que se encontraban Francisco J. Múgica y David Pastrana, propusieron una ley antialcohólica, para lo cual era preciso reformar la Constitución y prohibir “la fabricación y venta de pulque, lo mismo que la fabricación de alcohol de maguey y de caña de azúcar para la fabricación de bebidas embriagantes, y la de cereales con cualquier objeto que sea. La Federación impedirá la importación de alcohol para la preparación de bebidas embriagantes.” También proponían ilegalizar la venta de drogas “que causen la degeneración de la especie”, que sólo podrían adquirirse con prescripción médica, y prohibir los juegos de azar, los toros y las peleas de gallos. Hubo mucha oposición a la iniciativa, pues la medida no detendría el consumo de alcohol y se arruinarían muchas zonas económicas y empresas, con la consecuente merma de la hacienda pública. La propuesta fue rechazada por 98 contra 54 votos.

En el mundo se advertían ya los primeros intentos por lograr una legislación internacional sobre el tema. En 1904, promovida por Estados Unidos, se llevó a cabo, en Shangai, una convención sobre el opio, sin resultados concretos. México no asistió. Años después, en 1912, se realizó en La Haya otra convención internacional. En esa ocasión el gobierno de Madero envió un representante a la reunión, que tampoco tuvo mucho éxito debido a la ausencia de Turquía y Austria-Hungría y porque Inglaterra –dice Escohotado– sólo quería hablar de morfina y cocaína, y Alemania protestaba en nombre de sus poderosos laboratorios, alegando que Suiza no estaba presente y aprovecharía las restricciones en su beneficio; Portugal protegía el opio de Macao, y Persia (hoy Irán) sus cultivos ancestrales de amapola; Holanda producía cientos de toneladas de cocaína en Java, y Francia reportaba excelentes ingresos por el consumo de opiáceos en Indochina; Japón, como parte de sus maniobras para invadir China, introducía a ese país morfina, heroína e hipodérmicas; Rusia contaba con una producción de opio nada desdeñable, e Italia se retiró de la reunión luego que fue rechazada su propuesta de incluir el tema del cannabis.

Pero hubo algunos acuerdos que irían sentando las bases de la ilegalización: se limitaba el comercio de opio, la morfina y la cocaína, se determinaban algunos puertos para la exportación-importación; se exigían registros y controles para el uso con fines médicos. México firmó el tratado, pero la suerte del régimen maderista impidió la puesta en práctica de sus disposiciones. La convención de La Haya fue firmada por el Senado hasta 1924, ratificada por el presidente al año siguiente y publicada en elDiario Oficial en 1927, quince años después de su firma.

Venustiano Carranza decretó, el 9 de julio de 1916, la ilegalidad de la importación y tráfico dechandoo, y la obligación para quienes lo quisieran producir con fines lícitos de solicitar el permiso respectivo. La inestabilidad política impidió la aplicación de ese decreto, pero México entraba a la lógica de la prohibición.

En 1920 los prohibicionistas ponen la mira en la marihuana. Hasta ese momento el cannabis era considerado una planta medicinal, “como lo demuestra –asienta Axayáctl Gutiérrez– su inclusión en la lista de sustancias medicinales del reglamento de farmacias y boticas que estuvo en vigor desde 1892”. Pero en una sesión del Consejo de Salud, en enero de 1920, fue propuesto que se añadiera a la marihuana en la lista de sustancias peligrosas: “la marihuana no es una planta medicinal –decía la propuesta– no es medicina. Pero es una de las manías más perniciosas en nuestro pueblo.”

La persecución no se limitaba a los traficantes y consumidores. Se trataba de cerrar el círculo y evitar que hubiese algún resquicio por donde se colara la permisividad. Desde 1902 –dice Gutiérrez Ramos– una referencia obligatoria para los estudiantes de medicina, química y farmacología era el libro de Juan Manuel Noriega, Compendio de historia de las drogas. La obra de Noriega consignaba a la marihuana como un medicamento y consignaba seis preparaciones de ella. Pero en la edición de 1941 sólo se lee: “Desde el punto de vista medicinal, la acción de la cannabis no es bien conocida. Sin embargo, se le usa como antiespasmódico y en algunos casos como estimulante del sistema nervioso”. Se habían eliminado las seis preparaciones de las que se hablaba en ediciones anteriores.

No tardaron en manifestarse las consecuencias de la prohibición. Pérez Montfort consigna este testimonio: “El director de la Penitenciaría ha solicitado al gobernador del Distrito Federal que cuanto antes sea relevada la escolta por estar formada por soldados nada escrupulosos de su deber. Estos soldados, al decir del director de dicho establecimiento, se dedican a vender marihuana, alcohol, morfina, coca y demás drogas ‘vaciladoras’ a los reclusos”.

Por esa época aparecen los primeros estudios sobre el consumo de marihuana. El doctor Ignacio Guzmán graduado con la investigación Intoxicación por marihuana presentaba las primeras estadísticas. Basado en cien casos que conoció en la Penitenciaría del Distrito Federal encontró lo siguiente, según Gutiérrez Ramos: 93% de los usuarios son hombres y 17% mujeres; la edad de los usuarios va de los 14 a los 65 años y alcanza su máximo entre los 20 y 40, para decrecer notablemente después; el uso de la marihuana es casi exclusivo de la “clase baja”, sobre todo de los militares.

México estaba a la vanguardia en su lucha contra el consumo de cannabis, pues Estados Unidos, el principal impulsor de la ilegalización, se limitaba al opio y la cocaína; la marihuana fue prohibida en Estados Unidos hasta 1937, y uno de los argumentos fue precisamente que los migrantes mexicanos la promovían entre los jóvenes de Estados Unidos. Pero en el país vecino el espíritu prohibicionista se iba fusionando en un amplio y profundo consenso para sacar adelante la ley Volstead –que prohibía la venta y el consumo de alcohol– apoyado por la población rural conservadora, los antiinmigrantes, que querían mejorar la raza, las iglesias protestantes, el feminismo y, por supuesto, los mismos contrabandistas y gángsteres, una de cuyas bandas era dirigida por el padre de los Kennedy. “Esta noche –dijo el senador Volstead, el 17 de enero de 1920–, un minuto después de las doce nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida firmó su acta de defunción. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos pronto serán cosa del pasado. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres, reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno”. Además del nacimiento cinematográfico de las bandas gangsteriles, Estados Unidos enfrentó una verdad más desagradable: 10% de los casi 18 mil agentes que combatían el consumo de alcohol fue cesado por delitos como extorsión, robo, falsificación y perjurio; el secretario del Departamento de Estado, A. Fall, y el de Justicia, H. Daugherty, fueron condenados por su complicidad con los contrabandistas; en los trece años de vigencia de la ley, y con datos de Escohotado, casi 50 mil personas fueron sentenciadas por delitos relacionados con el alcohol, 150 mil por multas y detenciones; murieron 30 mil y 100 mil quedaron con lesiones irreversibles de parálisis y ceguera. Como una guerra.

Para quien hubiera querido ver, ahí había una refutación contundente de la idea prohibicionista.

Mientras, en México Álvaro Obregón emitía un decreto importante en junio de 1923: conceder un porcentaje a los denunciantes del tráfico de drogas. Según Gutiérrez Ramos: se otorgaba “50% de las multas o remate público que se obtengan de la delación del tráfico ilícito de drogas heroicas o recompensa de cinco a 100 pesos en los casos en que no se pudiera aplicar multa o remate por la naturaleza de la sustancia confiscada (marihuana, por ejemplo).” En julio Obregón decreta que sólo el gobierno podrá importar opio, morfina, cocaína y heroína. La disposición levantó una polémica y una fuerte oposición en el Legislativo, que argüía que se estimularía el contrabando y se ubicaban en la ilegalidad a quienes se dedicaban a estas actividades en el marco de las reglamentaciones anteriores. La nueva ley, agregaba el Legislativo, promovería la corrupción policiaca y gubernamental.

Plutarco Elías Calles estableció por primera vez, en 1925, la confiscación de bienes de los narcotraficantes, esos nuevos delincuentes. Al año siguiente aparece un nuevo código sanitario que sustituía al porfiriano de 1902. En él se resumen todos los criterios prohibicionistas y se establece la ilegalidad del consumo de todas las sustancias, excepto los alucinógenos prehispánicos. El código establecía también que para atender el problema de salud pública que suponen las adicciones el Departamento de Salud estaba facultado para fundar “establecimientos especiales”, que resultaron ser los psiquiátricos ya existentes, o el presidio más cercano. Finalmente, los toxicómanos no tenían remedio: “seres vencidos por la vida –decía un profesor de la facultad de Medicina–, irredentos, mal dotados por la naturaleza, que arrastrando su miseria y su ignorancia, tratan en vano de conseguir lo que todos seguimos: la felicidad, y en su equívoco camino recurren a las drogas enervantes.”

Hacia 1930 Estados Unidos había logrado cierto consenso internacional para el combate a las drogas. En ese año la Secretaría de Relaciones Exteriores accede, a petición del gobierno norteamericano, a “ejercer de común acuerdo, una vigilancia más activa sobre el tráfico ilícito de drogas enervantes”. En 1931, a instancias de EU, se reunió en Ginebra la “Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de drogas estupefacientes”. Aunque en las resoluciones emitidas por la convención –y apoyadas por el representante mexicano– no se incluía la marihuana, de la reunión saldrían las bases definitivas para el discurso y la política prohibicionistas que hoy padecemos. A partir de entonces empiezan a tomar forma los grupos mundiales del narcotráfico.

En México, con la aprobación del nuevo código sanitario nacional y con la firma de los nuevos acuerdos internacionales se desataría otra espiral: el problema policiaco, la corrupción gubernamental y la violencia.

Pérez Montfort asegura que de 35 expedientes de agentes de la policía antinarcóticos escogidos al azar entre 1925 y 1928, doce resultaron cesados de sus puestos por estar vinculados a “individuos sin escrúpulos”. “Otro caso también llama la atención: a mediados de 1930 al jefe de la policía de narcóticos, comandante Raúl Camargo, que ocupara el puesto desde 1927, se le comprobaron tal cantidad de delitos relacionados con el tráfico de opio y heroína en diversas locaciones de la ciudad de México, que no hubo manera de sostenerlo en el cargo. Los informes de sus actividades lo hacían aparecer como el máximo ‘sostenedor del vicio’ en México.”

Como ahora, había voces que advertían del error de la ilegalización de las drogas. El doctor Leopoldo Salazar Viniegra, director del Manicomio, señalaba en marzo de 1939: “los toxicómanos son enfermos y no delincuentes y debe tratárseles con la humanidad aconsejada” por la medicina, no sólo “proporcionándoles el tóxico que usan, sino dándoles facilidades para que lo adquieran sin caer en las garras de los traficantes, quienes sí incurren en un muy grave delito explotando las enfermedades de los demás.” E insistía: “el peligro para la sociedad no es el vicioso, sino el traficante que prácticamente está al margen de cualquier peligro porque cuenta con autoridades inmorales que lo toleran y hasta lo convierten en su cómplice”.

Pero la opinión hegemónica era muy otra. Como la del juez Jorge Salazar Hurtado quien, en 1937, propuso que los responsables de lo que ya se llamaba delitos contra la salud “fueran relegados perpetuamente en islas deshabitadas, y a los declarados incurables, condenados a la esterilización de sus órganos genitales”.

Al final de cuentas se trataba de algo más que la simple ilegalidad. Como escribió Octavio Paz años después, en Corriente alterna, cuando la prohibición alcanzó a los alucinógenos: “Las autoridades no se comportan como si quisieran erradicar un vicio dañino, sino como quien trata de erradicar una disidencia. Como es una forma de disidencia que va extendiéndose más y más la prohibición asume el carácter de una campaña contra un contagio espiritual, contra una opinión. Lo que despliegan las autoridades es celo ideológico: están castigando una herejía, no un crimen”.

Una herejía y un crimen que las propias autoridades crearon.

Escritor y periodista

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Zacate que huele a petate
Por Juan Carlos RAMÍREZ-PIMIENTA

Cinco décadas separan las primeras grabaciones de “La cucaracha” y “Contrabando y traición”, dos de los temas más representativos del cancionero popular mexicano en los que la marihuana se hace presente. En 1917, Luz Amalia Avilés hizo en Nueva York la primera grabación de “La cucaracha” de que tengo noticia. De hecho, ese año la grabó en dos ocasiones (en septiembre y diciembre) para la Columbia Records. Tres años después le seguirían las grabaciones del Trío González y del Trío Aguirre del Pino en febrero y octubre de 1920 respectivamente. Para 1940 se habían producido más de una docena de versiones de la canción tan sólo en Estados Unidos (aunque se distribuían en México).

Si bien es identificada como uno de los temas icónicos de la Revolución mexicana, en realidad “La cucaracha” es mucho más antigua. El investigador literario Luis Leal postuló en un artículo publicado en 1954 en la Revista de la Universidad de México que su origen se encuentra en la España del siglo XVIII, en la época de las guerras carlistas. Años antes ya el musicólogo Vicente T. Mendoza, decano de los estudios del corrido en México, había señalado en su libro El romance español y el corrido mexicano, estudio comparativo que, no obstante que este tema se había divulgado a causa de la Revolución carrancista, en realidad la canción era anterior a la intervención francesa.

De cualquier manera, las primeras grabaciones discográficas de “La cucaracha” se dieron de manera simultánea a las batallas de la Revolución mexicana. De sobra es conocido que diversas facciones bélicas acoplaban su letra para mofarse de sus rivales. En su libro arriba citado Mendoza publicó un cuarteto donde se hace burla precisamente de Venustiano Carranza:

Con las barbas de Carranza
voy a hacer una toquilla
pa’ ponérsela al sombrero
de su padre Pancho Villa.

La letra cambiaba de acuerdo a la circunstancia, pero el estribillo canábico se conserva en muchas de las versiones grabadas:

La cucaracha, la cucaracha
ya no quiere caminar.
Porque le falta, porque no tiene
marihuana que fumar.

“Contrabando y traición”, la otra canción a la que hice referencia, es muy posterior. Este corrido fue compuesto en 1970 por Ángel González, quien primero se lo dio a grabar a Joe Flores El Avileño y, posteriormente, en 1973, sería inmortalizado en la cultura popular en la versión discográfica de Los Tigres del Norte. En este tema, más conocido como el “Corrido de Camelia la texana”, se evita usar la palabra marihuana sustituyéndose por “hierba mala”. “Contrabando y traición” habla, entre otras cosas, del tráfico de marihuana, mas no de su consumo:

Salieron de San Isidro
procedentes de Tijuana.
Traían las llantas del carro
repletas de hierba mala.
Eran Emilio Varela,
y Camelia, la Texana.

En los corridos de traficantes producidos en lo años setenta posteriores a “Contrabando y traición” no se encuentran, hasta donde he podido investigar, ejemplos de temas donde se haga consumo de marihuana y de otras drogas. Eso vino después… y antes.

Con frecuencia se da por hecho que los corridos que hablan del consumo de drogas iniciaron en los últimos dos o tres lustros del siglo XX. Yo mismo argüí en un artículo publicado en 1998 que ese fenómeno narcocorridístico era un producto de la última década del siglo pasado. Al principio se usaban eufemismos para describir el consumo de drogas. Luego, conforme fue desarrollándose lo que ahora se conoce como narcocultura, las canciones de traficantes pasaron a ser menos de contrabando y más de exhibición hedonística, de mostrar a los protagonistas “disfrutando la vida” con mujeres, alcohol y drogas. Con el arribo del narcocorrido “pesado” el consumo de estupefacientes pasó a ser muchas veces centro y razón de las canciones. Algunos de aquellos títulos no dejan lugar a la duda: “Los atizados”, “Entre perico y perico”, “Cruz de marihuana”, “Me gusta ponerle al polvo”, “Líneas de a metro”, “El nariz de a gramo” etcétera.

La cronología tenía lógica en tanto que pintaba una sociedad mexicana que, siendo víctima de un deterioro moral y social (identificado con la ahora llamada narcocultura), fue corrompiéndose hasta cambiar la supuesta pureza del corrido y convertirlo en lo que es ahora. Al hacer la investigación para mi libro Cantar a los narcos: voces y versos del narcocorrido descubrí que, sin embargo, desde los años treinta se produjeron algunos ejemplos de corridos que trataban el fenómeno del uso de drogasvis a vis el contrabando de éstas.

“¿A poco picas?” es una canción corrido compuesta por Juan Gaytán e interpretada por éste y Frank Cantú acompañados por Los Trovadores Alegres. Este tema fue grabado para el sello Vocalion en diciembre de 1938 y está estructurado en forma de una charla con el hermano de la “novia” del sujeto del enunciado:

¿A poco picas?, ¿a poco picas?
¿A poco picas porque fumas mariguana?
Pues no me importa que seas maloso,
mientras la fumas yo vacilo con tu hermana.

Si bien no se menciona de manera explícita, este tema también evoca el uso de heroína. La pregunta del título se refiere a la actividad de inyectarse heroína (picar) como sugiere el siguiente cuarteto que hace alusión tanto a la marihuana como a la heroína al referirse al vocablo “tecata”, que es uno de los nombres que en caló se le da a esta:

Órale cuate, ¿pos qué te cargas?
¿Por qué te escamas siendo que aquí está la mata?
Pásate un frajo, que sea de grifa,
que ya mi güisa ya me trajo la tecata.

“Frajo”, por supuesto, se refiere a un cigarro, que en este caso la voz narrante pide que sea de marihuana (“grifa”) y anuncia que ya su novia (“güisa”) le trajo la heroína.

Por su parte, “El corrido de San Quilmas”interpretado por los hermanos Maya fue grabado en formato de 78 rpm (revoluciones por minuto) para el sello Falcón.Este sello inició operaciones en 1949, por lo que lo más probable es que este corrido haya sido grabado en los años cincuenta, pues ésta fue la última década de los discos de 78 rpm que serían sustituidos por los de 45 y 33 rpm. “El corrido de San Quilmas”contiene una sorprendente cuarteta que uno esperaría escuchar en un corrido de fines del siglo XX o inicios de éste, mas no en uno escrito hace al menos medio siglo:

La coca yo la conozco,
Juanita es buena mujer.
La negra es amiga mía,
No la puedo aborrecer.

El caló en el que está escrita esta cuarteta se ha vuelto lugar casi común hoy en día; pero tal vez no esté de más dejar en claro que coca, Juanita y negra son, respectivamente, cocaína, marihuana y heroína.

Otro temprano tema gráfico en su descripción del uso de drogas es “El Papelero”. La canción es también del medio siglo XX y fue grabada en disco de 78 rpm para el sello Ideal por Frank Cantú y Agapito Zúñiga, acompañados por el conjunto Topo Chico. Este tema también sorprende por hablar tan abiertamente del uso de drogas, no sólo de la heroína sino de la “leña” y el “pisto”, es decir, de la mariguana y el alcohol:

También me gusta la leña, mamá,
y el pisto de vez en cuando.
Luego, con un papelito, mamá,
parece que voy volando.

“El Papelero” es un corrido en primera en el que donde no encontramos acto heroico alguno, pero sí una jactancia del consumo de drogas y una actitud desenfadada que no volveremos a hallar en la corridística sino a partir de los últimos tres lustros del siglo pasado con los llamados narcocorridos “pesados”. Empero, hay que tomar en cuenta que el corrido es un género dramático, no por nada uno de sus sinónimos en el siglo XIX era “tragedia”. Y así, se hablaba indistintamente del corrido o de la tragedia de determinado personaje. Otros géneros musicales menos dramáticos representaban el consumo de la marihuana y de sus efectos de diversas maneras. La canción “La marihuana” popularizada en la segunda mitad del siglo XX por el cantautor Óscar Chávez narra los efectos de la cannabis de una manera bastante realista. Este tema es también muy antiguo. Sus primeras grabaciones se hicieron en 1926 y 1929 por el dueto de Rubio y Martínez y el Trío Garnica-Ascencio respectivamente:

Marihuana, ya no puedo,
ni levantar la cabeza.
Con los ojos rete colorados
y la boca reseca reseca.

Hay otros temas, ya grabados en el década de los cincuenta, que son francamente irreverentes, creados con el propósito de hacer reír. Los siguientes dos casos demuestran sin ambages el punto, pues son parodias de canciones muy conocidas en su tiempo. Tenemos, entonces, una melodía de moda pero con una letra alusiva al consumo de marihuana. “Parodia de la mula bronca”, interpretada por Gilberto Valenzuela, usa de inspiración la popular composición de Víctor Cordero, pero de manera chusca y hasta cierto punto apologética del consumo de drogas:

Me estaba dando tres de marihuana,
un policía al bote me llevó.
Me maltrató tanto con la macana
que los colmillos todos me tumbó.
Al marihuano todos lo maltratan,
que porque son muy locos como yo.
Pues yo conozco buenisanos
y borrachos que son peor.

En un momento dado la canción incluso promueve las propiedades canábicas para aumentar la productividad laboral:

Si me las trueno entonces sí
me siento como un aviador;
vacilo mucho, me pongo alegre
y hasta me pongo chambeador.

Ni siquiera “Nel blu dipinto di blu”, la popular canción italiana ganadora del octavo festival de San Remo en 1958, se salvó de una “narco” parodia mexicana. Conocida también como “Volare”, este verbo sirvió como inspiración para describir los efectos de la marihuana al cantante Julio César y sus charros de Ameca que para el sello Falcón grabaron “Verde pintado de verde”:

Hay un color que en mi alma se pone a brincar.
Es el color de un cigarro que quiero fumar.
Es conocido por muchos que quieren reír,
pues con su aroma la gente se empieza a sentir…
volando… cantando.

Es verde pintado de verde.
Es cuate que huele a petate.
Y se ven elefantes rosados volar por aquí
con orejas de anís y caimanes
que tienden sus alas de blanco marfil.

Y se ven a lo lejos borregos vestidos de azul,
pintados de azul.
Volando…. cantando.
Es verde pintado de verde,
zacate que huele a petate.

Investigador de San Diego State University

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A informar y a decidir
Por Juan Ramón DE LA FUENTE

En todas las sociedades democráticas, las grandes disyuntivas económicas, políticas, culturales y sociales son objeto de vigorosos debates, libres, abiertos y a veces también apasionados. 

En naciones modernas, plurales, informadas, no es posible, ni deseable, que todos sus integrantes estén de acuerdo, o que los acuerdos casi unánimes de ayer se perpetúen indefinidamente. México no es la excepción: sus habitantes convergen en algunas ideas centrales, y discrepan entre sí sobre una multitud de temas. Los consensos aparentes del pasado pertenecen a la historia, y son sustituidos por acuerdos mayoritarios acaso más frágiles, en ocasiones efímeros, y siempre sujetos a un nuevo debate. Lo que cuenta ya no es la dimensión de la mayoría, sino el derecho de la minoría, y el respeto a su postura.

Hay que celebrar el debate que se ha iniciado entre los círculos políticos, sociales y académicos de la sociedad mexicana sobre la despenalización de la mariguana. El surgimiento de la discusión tiene varios orígenes: el combate renovado al crimen organizado con sus costos y resultados; las tendencias internacionales; los cambios en materia de derechos y costumbres aprobados en nuestra ciudad capital, vanguardia del liberalismo en México; la experiencia de diversos líderes latinoamericanos que los ha conducido a una necesaria y deseable revisión de políticas públicas y de actitudes personales. Ya nada debería coartar este debate. Por el contrario, conviene alentarlo, profundizar en sus múltiples vertientes.

La primera condición para que una discusión de esta índole sea en verdad provechosa reside en la conducta de los participantes. Asumir posiciones, fundamentarlas y esgrimirlas sin ambages ni eufemismos enaltece el debate. Los ataques ad hominem, en cambio, lo denigran. Lo propio de un debate es que todos los participantes expongan abiertamente sus posturas, y asuman las consecuencias de las mismas. En México hoy, muchos sectores de la sociedad se oponen a cualquier tipo de despenalización de cualquier droga. Esa tesis puede ser tan respetable como otras, expresadas también en amplios sectores, que piensan exactamente lo contrario.

Un debate de esta importancia para la nación debe trascender los afectos y las fobias personales, y centrarse en los argumentos expuestos por unos y otros. Descalificar una idea porque quien la defiende no cuenta con nuestra simpatía es absurdo; lo esencial es la idea, no la historia personal de su defensor, o detractor. Debemos desterrar de la discusión pública la embestida personal, los procesos de intención y la simulación indignada o sorprendida. Nadie puede tirar la primera piedra: quienes aspiran a conservar el status quo prohibicionista no sólo tienen derecho a hacerlo; su anhelo merece respeto sin que se sospeche de sus motivaciones. Aquellos que por un camino u otro hemos llegado a la conclusión contraria, a saber: que el enfoque punitivo del último medio siglo ha llegado a su límite, y que es tiempo de explorar nuevas formas de regulación de la mariguana que permitan despenalizar su consumo para fines personales, u otras alternativas más radicales, somos igualmente merecedores a ser escuchados con respeto.

Pero si bien es cierto que todas las posiciones son respetables, también lo es que no todas son necesariamente equivalentes. La fundamentación científica e informativa, en un tema de tantas aristas como la legalización de la mariguana, es indispensable. Se trata de una dimensión ineludible para un debate que se presta a la objetividad y al avance en el conocimiento. En otras grandes discusiones sociales contemporáneas (pena de muerte o eutanasia, por ejemplo) las opiniones quizá deban pesar más que los hechos: al final, son asuntos que tocan lo más profundo de los sentimientos, las creencias y la historia individual de cada persona. Pero en el caso de la mariguana, al igual que ocurre con drogas lícitas como el alcohol, aun cuando puedan suscitar puntos de vista morales, deben ser sobre todo objeto de un análisis empírico, más bien frío, basado en la gran cantidad de información sustentada ya disponible. Son temas que, al discutirse en un contexto de respeto e información veraz, lejos de polarizar, tienden a acercar posiciones aparentemente disímbolas.

Ese es el debate que México necesita, y el que seguramente determinará el desenlace de un proceso que tardamos demasiado en iniciar, pero que por lo mismo, es ahora, quizá más que antes, bienvenido.

Ex secretario de Salud

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Sí al debate
Por Roberto CAMPA CIFRIÁN

El presidente Enrique Peña Nieto ha sido claro en su posición frente al debate sobre la posible legalización de algunas drogas, especialmente la marihuana. Se ha pronunciado en contra de su legalización, entre otras razones porque, como sucede en el caso de drogas que ya son legales (el alcohol y el tabaco), puede ser la puerta de entrada al consumo de substancias más perjudiciales para la salud.

No obstante, el titular del ejecutivo federal ha expresado que este tema debe ser ampliamente debatido. En mayo pasado, el Presidente señaló al diario londinense Financial Times: “México no está a favor de la legalización. No estoy convencido de que sea la ruta, pero sí presionaremos y estaremos impulsado que se dé un debate. Si hay un acuerdo hemisférico, México quiere ser parte y fijará sus condiciones o el porqué de su visión sobre este tema”.

En consecuencia, autoridades de la Secretaría de Gobernación, de la Cancillería, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Salud, en especial de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, hemos ofrecido, en el ámbito de las atribuciones de cada uno, argumentos que abonan a una discusión ordenada, seria, científica y con una perspectiva integral.

La apertura a un debate público no es el único rasgo característico del gobierno del presidente Peña Nieto. Desde el inicio de su gestión, se han dado cambios importantes sobre la forma en que deben abordarse los retos que el consumo de ciertas substancias impone al estado mexicano. Puedo destacar al menos cuatro aspectos: la discusión se aborda principalmente desde una perspectiva de salud pública, no policiaca ni persecutoria; no existe intención de criminalizar a los consumidores; estamos evaluando todas las alternativas posibles a la reclusión, principalmente aquellas enfocadas al tratamiento de las adicciones; y hemos iniciado, junto con un grupo de expertos en la materia, un análisis detallado sobre los efectos y externalidades que se han derivado de la decisión que el Congreso de la Unión tomó en 2009 de no penalizar la posesión, en ciertas dosis, de algunas drogas, con el objetivo de analizar si es pertinente proponer alguna modificación.

Tenemos interés en que el tema se discuta. La legalización no es el único camino; de hecho, la tendencia internacional se inclina más hacia la despenalización de la posesión y del consumo de narcóticos en cantidades específicas, que en la práctica es lo que en México sucede desde 2009.

Si analizamos lo que ha sucedido en varios países, podemos ver que las posibilidades son diversas; hay países que no imponen sanciones penales por la posesión y el uso personal (Brasil); hay otros que no imponen ningún tipo de sanción (Colombia); existen países que imponen sanciones alternativas como multas o servicio comunitario (Jamaica, o Portugal, que eliminó las sanciones penales por el uso personal, posesión y compra y ahora son consideradas sanciones administrativas). Sería conveniente conocer cómo están funcionando estas medidas, si se han cumplido los objetivos que perseguían y cuáles son las externalidades, positivas y negativas, que se han presentado en estas naciones tras despenalizar la posesión y/o el consumo. De la mano de esta revisión, también resulta indispensable analizar si por la legalización o la despenalización disminuye la violencia asociada a la actuación de las organizaciones criminales. Análisis preliminares permiten ver que los niveles de violencia han permanecido estables en la mayor parte de las entidades que han optado por la legalización de la marihuana con distintos fines.

Por su complejidad y posibles consecuencias, requerimos más y mejor información sobre el tema, además de una participación amplia de expertos. Cualquiera que sea la decisión que el gobierno de la república vaya a tomar, como nos lo ha instruido el presidente Peña Nieto, se requiere de un análisis profundo y cuidadoso del tema; no escatimaremos en escuchar a académicos, especialistas, líderes de opinión, médicos y a todo aquel que tenga algo que aportar.

Al margen de esta discusión, en el marco del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con el liderazgo de la Secretaría de Salud y de la CONADIC, hemos diseñado ya una Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, en fase de instrumentación. Entre otros aspectos hace énfasis en: 1) la protección de los menores de edad, 2) la prevención y disminución de los niveles de consumo de drogas legales (alcohol y el tabaco), 3) la ampliación de la oferta de información y generación de capacidades en los jóvenes para la toma de decisiones, 4) el fortalecimiento de las capacidades de la federación y las entidades para ofrecer tratamientos a las personas con adicciones, y 5) privilegiar el tratamiento de personas con adicción en vez de la reclusión.

Quisiera referirme brevemente a este último aspecto. En México, desde hace algunos años se pusieron en práctica mecanismos de justicia alternativa, dentro de los que destacan las cortes de drogas o tribunales para el tratamiento de adicciones, instrumento de justicia penal que permite que una persona que cometió por primera vez un delito menor vinculado con el consumo de drogas legales o ilegales, se someta a un tratamiento de atención en lugar de que sea sancionado con pena privativa de libertad. Lo anterior responde a la necesidad de reenfocar los procedimientos judiciales a una tendencia más conciliatoria, haciendo énfasis en la urgente necesidad de solucionar el problema de la reincidencia delictiva, reducir el consumo, reinsertar socialmente al individuo y evitar los efectos negativos del encarcelamiento. De todas las alternativas, la reclusión ha resultado la menos conveniente y la mas costosa, de ahí la necesidad de analizar figuras como los tribunales de tratamiento de adicciones, que ya funcionan con éxito en el estado de Nuevo León y que esperamos instalar en al menos otras cinco entidades en este 2013.

Estos tribunales no son la única estrategia que estamos analizando. El tema, como en el caso de la legalización y la despenalización, nos obliga a un análisis serio y profundo, además de evaluar todas las acciones que habremos de impulsar en los siguientes meses.

Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.

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El debate jurídico
Por Mario MELGAR ADALID

El debate sobre la marihuana abarca también el terreno jurídico tanto en lo interno como en lo internacional. 

En lo interno, el criterio generalizado es que se trata de una competencia de las autoridades federales (Secretaría de Salud y Procuraduría General de la República), en tanto hablamos de una sustancia psicotrópica. La Ley General de Salud (federal) enlista las materias de la salubridad general y abre apartados para fijar competencias de los órdenes de gobierno. Se trata de los apartados A (reserva federal); B (materia concurrente) y C (de nueva aparición y permite la actuación de autoridades locales en ciertas materias).

Podría levantarse la reserva federal para legalizar en el Distrito Federal o en algún otro estado, pero sería necesario que la marihuana se convirtiera, conforme a reformas a la Ley General de Salud, en materia local o concurrente. Algo poco probable, pues esta modificación correspondería a las instancias federales: gobierno y legislaturas federales. De darse una reforma en algunos estados (Morelos) o en el Distrito Federal, nada debería detener un laboratorio social que después permita la expansión de nuevas y mejores practicas de seguridad y salud públicas. Sin embargo, en el supuesto de modificaciones legales locales es probable que la Federación intente una controversia constitucional para que la Suprema Corte determine la competencia. Algo muy similar a lo que acontece en Estados Unidos, en que la Federación reclama la competencia ante 20 estados que han modificado sus leyes.

En el mundo las políticas sobre enervantes y psicotrópicos son diferentes y en ocasiones contradictorias. China y Estados Unidos (nivel federal) atienden el problema de manera represiva. Otros, como Holanda y Portugal, brindan ayuda a los usuarios y mitigan las consecuencias adversas del uso de las drogas. Uruguay está a punto de poner al mundo de cabeza con la decisión de legalizar integralmente la marihuana. Para algunos países es un tema menor. Para otros, como México, es un problema de seguridad nacional que afecta la estabilidad, el desarrollo económico, la salud pública y la política interna.

En el ámbito internacional hay limitaciones que derivan de obligaciones contraídas en los tratados internacionales. La Organización de las Naciones Unidas no es, salvo por lo que toca a los temas del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, una organización que se coloque por encima de los estados que la componen y, en términos prácticos y legales, no puede más que lo que deciden sus propios miembros, los estados parte. No obstante, existe claramente en el derecho internacional público un principio de amplio reconocimiento (pacta sunt servanda) según el cual las obligaciones internacionales que los estados asumen deben cumplirse bajo buena fe.

La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas establece que los extractos de cannabis están clasificados como estupefacientes sometidos a la fiscalización. Los países signatarios (166, México incluido) aceptaron las medidas necesarias para impedir el uso indebido o el tráfico ilícito de la cannabis. La misma convención estableció que los países se obligan a adoptar las medidas necesarias para que la posesión de estupefacientes se considere como delito si se comete intencionalmente y que los delitos graves sean castigados con penas de prisión u otras de privación de libertad. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia equipara las normas recogidas en tratados internacionales firmados y ratificados por México al derecho interno, solo por debajo de la Constitución.

Otro tratado internacional es el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de las Naciones Unidas de 1971, ratificado por 158 países, incluido México, que clasifica a las sustancias activas de la cannabis (THC y el dronabinol delta-9-THC) como sustancias psicotrópicas, confirma la obligación de considerar como delito todo acto contrario a cualquier ley o reglamento que se adopte en cumplimiento de las obligaciones impuestas por la convención y que se haga intencionalmente. La Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 exige que se tipifique penalmente la posesión de drogas con fines de tráfico y posesión para consumo personal. En Estados Unidos, algunos opositores (Raymond Yans) a la despenalización de la marihuana para fines recreativos afirman que legalizarla constituye una violación a los tratados de control internacional de las drogas.
Desde su celebración en 1961 la Convención Única y las subsecuentes han mantenido el criterio de prevenir la producción ilícita y la utilización de la marihuana para fines recreativos. No obstante, el sistema internacional ha sido incapaz de mitigar los problemas por el uso de las sustancias prohibidas: violación de derechos humanos, sobrepoblación carcelaria y violencia criminal.

Los tratados sobre drogas se sustentan en los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS tiene la capacidad de considerar a la marihuana en una lista distinta y liberar la fiscalización. Sin embargo, algunos expertos (Robin Room y Peter Reuter) acusan que las recomendaciones de la OMS no se atienden por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ni por la Comisión sobre Drogas y Narcóticos. Existe evidencia de que el director de la OMS, bajo presión de la UNODC, no trasmitió a esta agencia, con sede en Viena, una recomendación del Comité Número 33 de Expertos en el sentido de que el principal componente activo de la cannabis, el delta 9 tetrahidrocannabinol, debería reclasificarse al grupo 2, el más bajo en términos de la convención de 1971. Otra recomendación similar de otro comité de expertos también fue rechazada.

Un movimiento global para lograr que las políticas nacionales realicen cambios que favorezcan la prevención de riesgos por el uso de drogas ilícitas o nuevos controles que eviten los problemas que ha generado la represión indiscriminada a los usuarios —tratados más como delincuentes o trasgresores de las leyes que como enfermos que requieren atención— hará necesario que se revisen los tratados internacionales existentes y se genere un movimiento en la comunidad internacional (en su sentido más amplio) a favor de normas supranacionales acordes a los desarrollos científicos y sociales del mundo globalizado.

En el derecho internacional no existen convenciones sobre sustancias como el alcohol, cuyos daños a la salud están globalmente aceptados. En el caso de la Convención sobre el Control del Tabaco sus disposiciones son mucho más débiles que las contenidas en las Convenciones sobre Drogas. Todo esto y mucho más será motivo de debate jurídico. Es el marco que deberá cambiar en el largo plazo si es que efectivamente los argumentos científicos prevalecen. Las normas no son en sí mismas las que definen las políticas, las necesidades o los reclamos sociales. Son éstos lo que definen el contenido de las leyes. Eso, claro, si se va en contra del conservadurismo y la inmovilidad social y jurídica.

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Articulo : http://confabulario.eluniversal.com.mx/ 17/08/2013

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